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Cerro Catedral: adhesiones y rechazos a la firma del contrato

Para la CTA, la justicia no resolvió la cuestión de fondo; mientras que para la ministra de Turismo de Río Negro el acuerdo entre el intendente Gustavo Gennuso y Capsa es una "gran noticia para Bariloche".



El acuerdo de Gennuco con Capsa generó diversas reacciones. Foto: archivo

El acuerdo de Gennuco con Capsa generó diversas reacciones. Foto: archivo

El intendente Gustavo Gennuso dijo que al firmar el contrato con la empresa Capsa para otorgarle una prórroga de la concesión de Catedral hasta 2056 no hizo más que “cumplir con la ordenanza” aprobada en abril de 2018, porque “no podía hacer otra cosa” una vez que la Justicia levantó la medida cautelar que había frenado el proceso.

La concreción del acuerdo con Capsa no tardó en generar reacciones que reproducen la confrontación ya planteada cuando se debatió el tema hace dos años. Los firmantes de una nueva acción de inconstitucionalidad presentada la semana pasada ante el STJ dijeron que para ellos el caso “no está terminado” y se reunirán en las próximas horas para decidir el seguimiento legal y también un plan de “acciones políticas” para expresar su oposición a la prórroga.

Así lo anticipó el secretario general de la CTA de los Trabajadores de Río Negro Jorge Molina, quien señaló que la Justicia levantó la cautelar pero “no resolvió la cuestión de fondo”. Recordó que la impugnación original tenía que ver con la omisión de un llamado a licitación y con el presunto incumplimiento de normativas ambientales.

En otra sintonía, la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, dijo que es “una gran noticia para Bariloche y la región” la confirmación de un plan de inversiones para el cerro Catedral, que según el contrato será de 22 millones de dólares.

Estamos en una coyuntura muy especial y celebramos que se haya destrabado -señaló la ministra-. Es mano de obra y desarrollo que garantiza un cerro moderno. Catedral va a estar a la altura de lo que se necesita”.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Eduardo Caspani, sostuvo que esa entidad había preferido no fijar postura en su momento y en lo personal tampoco conoce las implicancias jurídicas, aunque señaló que “obviamente cualquier proyecto que implique inversión es positivo”.

Gennuso relativizó las quejas y dijo que en una ciudad de 150 mil habitantes “habrá quiénes estén a favor y quiénes no”. Valoró que la empresa haya aceptado introducir otras condiciones superadoras del contrato original, a solicitud del legislador del Frente de Todos Alejandro Ramos Mejía, quien lo había impugnado en la Justicia y luego desistió. Gennuso lo calificó como “un acuerdo privado” que no forma parte de la ordenanza.

Aun así esos supuestos agregados quedaron en la mira de quienes mantienen su rechazo. La presidente del bloque de concejales del FdT, Julieta Wallace, dijo que pidieron al Ejecutivo una copia oficial del contrato porque todavía no lo conocen. “Ramos Mejía dice que hubo un nuevo acuerdo con la empresa, nos reservamos nuestra opinión. Pero si hay agregados deberían existir una nueva ordenanza”, aclaró Wallace.

En los días previos a la firma los concejales del FdT habían advertido que el contrato aprobado hace dos años por el Concejo quedó desactualizado y citó el compromiso de la empresa a costear en contraprestación las obras de dos gimnasios por 5 y 8 millones de pesos. Según Wallace, esas cifras quedaron superadas por la inflación y actualizadas serían no menores a 11 y 18 millones.

También sostuvo que el plazo de las inversiones en la montaña quedó superado y la pauta de evolución del canon tiene fechas que serían incumplibles y que causarían perjuicio económico al municipio. Wallace dijo que el reclamo de fondo es por una licitación, pero aun así observan que el contrato perdió vigencia en varias de sus cláusulas y el Ejecutivo no puede firmarlo sin una reformulación.

Molina también objetó el canon anual impuesto a Capsa, consideró que es “irrisorio” porque representa “apenas un día de facturación en plena temporada” y la ciudad “en un contexto de pandemia necesita otra cosa”.

El dirigente sindical también apuntó que el grupo empresario Vía Bariloche (al que pertenece Capsa) “está cuestionado legalmente por trata de personas con fines laborales” en un emprendimiento rural y opinó que Gennuso debió abstenerse de firmar hasta que ese punto quede aclarado.

Los concejales del FdT también señalaron esa objeción y lo tradujeron en un proyecto de comunicación que será tratado mañana por el Concejo.


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