Cloacas abiertas



Los avatares de la causa que investiga denuncias de espionaje ilegal en la gestión Macri ponen de nuevo en debate el lamentable rol de los organismos de inteligencia desde el retorno a la democracia, que no han podido ni querido ser revertidos por los sucesivos gobiernos.

La causa deriva de una investigación por narcotráfico, donde el juez Federico Villena detectó que agentes de la AFI realizaban, además de negocios ilegales con narcos, espionaje interno y perfiles de figuras políticas opositoras y de Cambiemos, dirigentes sindicales, organizaciones civiles y periodistas, entre otros. La investigación se sumó a otra generada por la auditoría de las nuevas autoridades de las AFI y se ha detenido a 22 exagentes de inteligencia y exfuncionarios del macrismo. Sin embargo, el viernes el juez Villena fue apartado, ya que él mismo está involucrado en denuncias de espionaje ilegal a exfuncionarios kirchneristas detenidos en Ezeiza y se lo vincula tanto con la exjefa de la AFI, Silvia Majdalani, como al peronismo. Un “cambio de lealtades”, en este submundo. La poca claridad en el manejo del caso llevó a las críticas de propios dirigentes kirchneristas, que sin dejar de repudiar y pedir investigar los hechos llamaron a no repetir viejos errores: el abuso de la prisión preventiva, la exhibición de los detenidos, la filtración parcial e intencionada de detalles de la causa, entre otros.

Es habitual ante cada cambio de poder que jefes, espías, operadores judiciales y jueces se amolden al nuevo inquilino de la Rosada, acusen a sus antiguos jefes y aliados y manipulen causas en sentido contrario.

Organismos como Adepa y Fopea alertaron contra operaciones que afectan la libertad de prensa, ante una ofensiva y versiones sobre detenciones de periodistas que han investigado graves casos de corrupción en la gestión del kirchnerismo, expuestos previamente en un video por la propia vicepresidenta Cristina Fernández. Las recientes declaraciones comparando a Jorge Lanata con Astiz de Oscar Parrilli, quien formó parte de ese submundo sin atreverse a reformarlo, solo merecen repudio.

A quienes desde hace años investigan y proponen cambios radicales en el sistema de inteligencia ninguna de estas maniobras les ha sorprendido. Están acostumbrados a que, ante cada cambio de poder los jefes, agentes, operadores judiciales y jueces de las denominadas “cloacas de la democracia” se amolden al nuevo inquilino de la Rosada, acusen a sus antiguos jefes y aliados y manipulen causas, esta vez en sentido contrario al que venían haciendo.

“Todo lo que pasa ahora pasó antes”, resumió un integrante de estas organizaciones. Como Jaime Stiuso, operador estrella durante el kirchnerismo hasta 2015, ahora son apuntados Majdalani y Gustavo Arribas, nombrados por Macri pese a que la primera era un cuadro estable de la comunidad de inteligencia cuestionada y el segundo era un empresario con poca o nula experiencia en el área. Macri prometió “trasparentar” los servicios pero en su lugar oscureció su funcionamiento reponiendo fondos reservados sin control y quitando la facultad de las escuchas a los fiscales.

Mientras la inteligencia se mantenga como una gran caja de la política, con fondos y agentes sin control que dependen solo del presidente, se mantiene la receta para el desastre

Alberto Fernández prometió apenas asumió reformas radicales al sistema y eliminó los fondos reservados, cortó la excepción legal que permitía a los jueces pedir ayuda a los servicios en causas criminales y ordenó una auditoría sobre las acciones de la AFI.

Eso no basta. Es necesaria una nueva ley de Inteligencia que fije mayorías calificadas en el Congreso para elegir a sus autoridades; terminar con los inaceptables grados de autonomía de servicios que ponen en riesgo derechos y vidas de los ciudadanos, con mecanismos de control desde los tres poderes del Estado. Se impone desarticular la tradición de “secretismo” permitiendo el acceso a los registros por parte de esos órganos de control, incluyendo la desclasificación de archivos. También una separación tajante entre investigación criminal y la inteligencia sobre amenazas al Estado y un sistema profesionalizado y auditable en el reclutamiento y formación de agentes.

Mientras la inteligencia se mantenga como una gran caja de la política, con fondos y agentes sin control que dependen solo del presidente, se mantiene la receta para el desastre que ha sido para nuestra democracia, repleta de casos de espionaje interno, operaciones, aprietes y “carpetazos”, pero absolutamente incapaz de anticipar amenazas externas o resolver atentados como los de la AMIA.


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