Contribuyentes y usuarios, ¿variables de ajuste?

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ROBERTO F. BERTOSSI (*)

“Si no aprendes de la historia ¿deberá acaso repetirse para que la comprendas?” (Lao Hung) No pocas provincias y municipios han decidido imponer diversos incrementos tarifarios e impositivos, exponiendo argumentos eufemísticos: a) que son para inversión y expansión de sistemas e infraestructuras; b) que es por única vez; c) que son para fondos específicos con afectación exclusiva y excluyente; d) etcétera. En realidad, la conflictiva situación político-económica federal podría acentuar la crisis del desarrollo social. En efecto, los ajustes diseñados no se ocupan del mejoramiento del nivel de vida. Más que censurarlos, es preciso mancomunar sus objetivos con los del bienestar general. Sobre la materia tarifaria, cuando se niegan aumentos efectivos en las tarifas (falsas reestructuraciones), nada se dice de que al no ser genuinos y legítimos ajustes tarifarios autorizados por las agencias de regulación y control público, entonces son impuestos y así, éstos sólo pueden resultar aprobados y en doble lectura por las legislaturas locales, provinciales o nacionales según las previsiones constitucionales respectivas. Lo cierto es que desde hace demasiadas administraciones anteriores, los contribuyentes y usuarios venimos soportando recargos injustificables sobre servicios públicos esenciales de electricidad, agua potable, subterráneos, transportes urbanos, gas; como incrementos impositivos en materia de patentes, propiedades urbanas y rurales, peajes, combustibles y más. Es verdad que ante un federalismo teórico y un unitarismo/centralismo práctico, muchos gobernadores e intendentes privados de sus legítimas coparticipaciones se ven acorralados y obligados injustamente a incrementar tarifas e impuestos, algo que ya viene sucediendo en algunas provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y su Ciudad Autónoma, entre otras jurisdicciones. No obstante, también es cierto que existe una omisión común inaceptable toda vez que ya, desde 1996, deberíamos contar con una ecuánime y equitativa ley de coparticipación federal. Quedaríamos a mitad de camino si no añadimos que todo esto involucra también a empresas privadas como a las omisiones de las autoridades públicas encargadas de su regulación y control: (por caso, la inejecutoriedad de los planes de inversión comprometidos al momento de obtener concesiones públicas, etc. pero nunca cumplimentados oportunamente y en su totalidad). De tal manera, cada argentino en su condición de “persona-ciudadano-vecino-contribuyente-usuario-” continúa siendo la única e indefensa variable de ajuste en este marasmo inflacionario y recesivo actual. Todo un escándalo que traduce el verdadero desdén hacia los que menos tienen, particularmente ahora, después de que empezó a caer el telón del festival oficial de subsidios absurdos. Finalmente, el desafío está en el quehacer analítico necesario para llegar a una síntesis del ajuste con crecimiento y con desarrollo humano y éste es sólo un primer paso para que los gobiernos e instituciones lo reconozcan para acabar con un indisimulable aislamiento de la “dimensión humana”. Así, pues, la primera condición para disminuir el costo social del proceso de ajuste es la democratización intensiva y cualitativa en el diseño y la ejecución de la política económica federal. (*) Profesor e investigador universitario. Córdoba