Crimen de Rodrigo desata un escándalo judicial

Yamil Regules

NEUQUÉN (AN).- En el marco de la causa que investiga el crimen de Rodrigo Gallardo (11), en el barrio Villa Ceferino, el fiscal Ignacio Di Maggio fue acusado de difundir escuchas de los abogados defensores de los sospechosos y desató un escándalo puertas adentro de la justicia. Ayer a primera hora se presentaron los dos jóvenes imputados por el crimen a la indagatoria con el juez Mauricio Zabala. Ante el magistrado ambos se declararon inocente y no aportaron mayores datos, aunque se supo que hoy concurrirán a la rueda de reconocimiento y en esta semana podrían ampliar su declaración una vez que sus abogados puedan analizar con tranquilidad la totalidad del expediente. En paralelo trascendió que el fiscal Di Maggio presentó un escrito al juez solicitando la detención de los sospechados, que fueron eximidos de prisión recientemente por la Cámara de Apelaciones, entendiendo que existen riesgos procesales y de fuga. Para ello el fiscal entregó al magistrado -y según la acusación de los abogados también a algunos medios- transcripciones de escuchas telefónicas de conversaciones que mantuvieron familiares de los sospechosos con los abogados contratados, Alejandro Bustamante y Facundo Trova. “Son conversaciones privadas en las que nosotros asesoramos a nuestros clientes, que en este caso fue un diálogo con la madre de uno de los jóvenes. Con esto Di Maggio violó el secreto profesional”, explicó Trova. Por este motivo los letrados, que pusieron a los sospechosos a derecho, elevaron una nota al Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén en el que califican la situación atribuida a Di Maggio como “grave”. “Entendemos que el accionar del fiscal constituye una flagrante violación, en primer lugar a la garantía constitucional de defensa en juicio con respecto al sospechado; en segundo término atenta contra nuestra labor profesional como abogados penalistas (secreto profesional) y lo que es más grave aún, pone en peligro nuestra vida e integridad física como así también la de nuestras familias”, sostiene el escrito. De inmediato el Colegio llamó a una reunión y resolvió remitir un escrito al titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, manifestándole su preocupación. “Entendemos que con dicho accionar se viola el libre ejercicio de la profesión de abogado que los citados puedan realizar, se compromete el secreto profesional de éstos y se condiciona su profesionalismo, por lo que este Colegio manifiesta su preocupación ante este tipo de hechos que comprometen el ejercicio de nuestra profesión, haciendo saber que no tolerará que esto ocurra”, señala el escrito. Los abogados afectados aseguran que analizan pedir un jury de enjuiciamiento al fiscal y el Colegio garantizó “avalar cualquier tipo de acción que los profesionales ejerzan por la violación del libre ejercicio de la profesión”, dice el escrito que hoy recibirá Gerez.