Cristina y la Justicia

Que una peronista como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya culpado al Poder Judicial de la Nación por el medio siglo de golpismo que siguió al derrocamiento en 1930 del gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, para entonces dar a entender que los políticos “tan denostados, tan vilipendiados, tan calumniados” no tuvieron nada que ver con los desastres resultantes, es un tanto sorprendente, ya que el movimiento en que milita fue creado por un miembro destacado de un régimen golpista. También ha causado cierta extrañeza su forma de conmemorar el 40º aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón, recordándonos que “fue acusado hasta de estupro, de tener cuentas de Suiza”. Sea como fuere, si bien tiene razón la presidenta cuando critica la voluntad de demasiados juristas de antes de convalidar “la doctrina de los golpes de Estado”, pasando por alto la adhesión entusiasta a dicha modalidad de muchos políticos “populares” y no tan populares, es evidente que la furibunda ofensiva verbal que ha emprendido contra el Poder Judicial se debe menos a la indignación que siente por posturas asumidas en el pasado ya remoto que a sus problemas actuales. Puede que la Justicia necesite ser reformada, pero no en el sentido que reclama Cristina, ya que, como ella misma acaba de señalar, su defecto principal siempre ha sido una propensión a cohonestar anomalías reivindicadas por los poderosos de turno, sobre todo cuando parece contar con la aprobación de buena parte de la opinión pública. De todas formas, no cabe duda de que la situación en que se encuentra Cristina sería mucho más cómoda si no fuera por el accionar de dos jueces, uno norteamericano y el otro argentino, pero sucede que los reveses judiciales que tantas dificultades le han supuesto se deben a sus propios errores. Durante años el juez neoyorquino Thomas Griesa se resistió a fallar a favor de los holdouts de los fondos buitre, pero cambió de actitud cuando Cristina le informó que no se le ocurriría pagarles el dinero que reclamaban aun cuando la Justicia estadounidense avalara sus pretensiones. Asimismo, al ordenar el juez federal Ariel Lijo el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, el compañero de fórmula que Cristina había elegido en soledad sin consultar a nadie, no sólo provocó una crisis institucional de desenlace incierto sino que también advirtió a todos los funcionarios del gobierno, incluyendo a la presidenta, de que la etapa de virtual impunidad de la que habían disfrutado se acercaba a su fin. Por ser cuestión de un gobierno que, a juicio de muchos, ha sido el más corrupto de la historia nacional, es lógico que a Cristina no le haya gustado para nada el creciente activismo judicial. Además de procurar colonizar el Poder Judicial con militantes kirchneristas, la presidenta quiere defenderse desprestigiándolo, tratándolo como una elite cerrada “que se autogobierna y se autoelige”, como dijo hace un par de días, alejándose así del sentir popular, deficiencia que se ha propuesto remediar “democratizándolo”. Desgraciadamente para ella, pero no para el país, ya es tarde para que reformas destinadas a incorporar la Justicia a su proyecto personal supuestamente popular tuvieran alguna posibilidad de concretarse. Al entrar la economía en una fase recesiva que podría agravarse mucho en los meses próximos, lo que tendría consecuencias sociales muy negativas, el clima político cambiará tanto que todos sus esfuerzos oficialistas por presionar a los fiscales y jueces para que los dejen en paz resultarán contraproducentes. Aunque parece que el kirchnerismo sigue contando con el apoyo de un núcleo duro de partidarios, se trata de uno ya minoritario que propende a reducirse. Así las cosas, a Cristina no le convendría en absoluto que más miembros de la denostada “familia judicial” compartieran el estado de ánimo del grueso de la población, lo que sería el caso si fueran más “democráticos”, ya que, lejos de pedirles desistir de investigar los delitos atribuidos a Boudou y otros integrantes del gobierno nacional, o dejar de interesarse por la evolución impresionante de su propio patrimonio y sus vínculos con empresarios como Lázaro Báez, la ciudadanía les exigiría obrar con mayor empeño para poner en marcha una versión local del operativo “mani pulite” que tantos estragos ocasionó a la clase política italiana.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Jueves 3 de julio de 2014