Critican proyecto de Gutiérrez de crear observatorio del abuso sexual infantil

La iniciativa está debatiéndose en la Legislatura de Neuquén. Quienes la cuestionan aluden a la prohibición de registrar datos sensibles y enfatizan en la necesidad de trabajar en la asistencia.

El 10 de diciembre de 2019 el gobernador, Omar Gutiérrez, envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear un observatorio sobre abuso sexual infantil y adolescente. Este año comenzó a tratarse el tema en comisión. El Foro en Defensa de los Derechos de Niños y Niñas elaboró un documento en el que cuestiona fuertemente la iniciativa.

El observatorio tiene como función recolectar, registrar y analizar información comparable, periódica y sistemática sobre situaciones de abuso sexual en la infancia y adolescencia. Esto será insumo, dice la propuesta, para diseñar políticas públicas en materia de prevención. La autoridad de aplicación la determinará el poder Ejecutivo.

Las fuentes primarias de información serán los municipios, la policía, el poder Judicial y los ministerios de Salud, Ciudadanía, Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad.

Para las representantes del foro el proyecto colisiona con la ley 25.326 que establece la prohibición de la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles, definidos como aquellos que aluden al origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

Releva de esta excepción a las asociaciones religiosas, políticas y sindicales que llevan registro de sus integrantes.

“El proyecto nos pareció con pocos fundamentos. No puede prosperar porque no puede haber un registro de las víctimas del abuso sexual infantil”, afirmó Nara Osés, quien fuera defensora de los derechos del Niño, Niña y Adolescente. Ella es parte del foro y fue convocada, junto a otras compañeras, a opinar en la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura.

Agregó: “aunque en algún momento se encriptaran, todo ese procesamiento de datos es para nosotros una gran preocupación, teniendo en cuenta de que hablamos de víctimas del abuso sexual, que son uno de los colectivos más vulnerables al momento de la trata y de la pedofilia, con la posibilidad de la fuga de datos.”

Osés indicó que si bien el proyecto no lo menciona como antecedente, la estructura que plantea es muy similar a la del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, creado por la ley 2887, que recopila datos de denunciantes de 14 años en adelante y reporta al Indec. Todo ese sistema está protocolizado.

La propuesta del oficialismo menciona que la provincia posee “datos débiles para sostener una vigilancia sistémica, rigurosa y capaz de analizar mediante información más detallada, la complejidad de las situaciones de abuso que experimentan nuestros niños, niñas y adolescentes” y es primordial “contar con indicadores”.

“Nosotras nos preguntamos: ¿es necesario armar un observatorio, es necesario crear una estructura burocrática? Ahí dice que es para delinear políticas públicas. Si hay una intención real vos podés sentar a los efectores de salud, de las defensorías del niño, y de Desarrollo Social y vas a tener con claridad que hay que invertir en tratamientos”, remarcó Osés. Aseguró que el ministerio público de la defensa tiene los datos de los casos judicializados, si se requieren para un fin específico.

Precisó que también se hace una fragmentación de una situación compleja. “Las víctimas del abuso sexual no son sólo víctimas del abuso sexual. Son víctimas generalmente del maltrato físico y ni qué decir del emocional. Eso lo vuelve hasta más peligroso. Es como juntar ahí una cantidad de niños recortando su propia vida”, enfatizó.

Para la integrante del foro el lugar donde se piensen las políticas debe ser el Copronaf. “Trabajar en la prevención y en el estudio de los datos, si vos no trabajas en la asistencia para que la persona que es victimizada se recupere, es muy duro. Ya hay cosas para mirar, para darse cuenta que están faltando recursos en los hospitales y en los centros de salud para atender el problema. Está el “Contalo”, lo que hay que poner en práctica es la asistencia”, finalizó (ver aparte).

*En el documento que presentó el foro a la Legislatura se señalan aspectos en los que el gobierno provincial debería enfocarse para garantizar los derechos de las infancias y adolescencias en sintonía con la ley 2302 y la Línea 102 que funciona en el hospital Castro Rendón.

*Entre ellos se menciona la falta de equipos psico-sociales suficientes en el sector salud que “se traduce en largas listas de espera para que las infancias y adolescencias tengan un espacio de contención y tratamiento psicológico que permita la elaboración del trauma sufrido.”

*Agregaron: “Lo mismo ocurre con dispositivos grupales (grupos de apoyo a la crianza) y/o espacios de tratamientos individuales a progenitores o adulte al cuidado de niñes y adolescentes que están dispuestos a modificar conductas dañinas hacia las infancias”.


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