Cuestionan el procesamiento de guardaparques por la muerte de dos niños al caer un árbol
La tragedia del camping Lolen, en San Martín de los Andes, ocurrió en 2016. El fallo pone en alerta al sindicato de guardaparques y a los trabajadores del parque Lanín.
La tragedia en el camping Lolen, de San Martín de los Andes, ocurrió el 1 de enero de 2016 y hay 4 guardaparques procesados por homicidio culposo. Archivo
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, con la firma de los jueces Alejandro Adrián Silva y Simón Pedro Bracco, dictó el procesamiento de cuatro guardaparques por homicidio culposo. La causa está vinculada a la muerte de dos niños de 2 y 8 años el primero de enero del 2016 en el camping Lolen de San Martín de los Andes, tras la caída de un árbol de 40 metros.
Las raíces del árbol estaban al descubierto y tenía sectores podridos. El día del siniestro se registraron fuertes ráfagas de viento. La mirada está puesta en los guardaparques y en los concesionarios del camping para determinar si el incidente puedo evitarse.
Tras el procesamiento, el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara) se declaró en estado de alerta «por la vulnerabilidad penal» de los guardaparques.
«Compartimos el inmenso dolor de los familiares. Nada se compara con la pérdida de la vida de los niños. Sin embargo, esto no es responsabilidad de los guardaparques. Pretender que deban prevenir daños a particulares provocados por elementos y fenómenos de la naturaleza en millones de hectáreas, es imposible», manifestaron.
Cuestionaron también que los magistrados «parecen desconocer el funcionamiento de los Parques Nacionales y la realización de actividades turísticas en zonas agrestes». «Llevar adelante evaluaciones en zonas agrestes es impracticable,sobre todo por los millones de árboles, animales peligrosos para el ser humano, accidentes geográficos riesgosos, entre otros riesgos», señalaron.
Cierran playas para sacar árboles peligrosos
El guardaparques jubilado Alejandro Beletzky consideró un «desquicio que la justicia crea que los guardaparques pueden controlar cientos de miles de árboles que se pueden caer en cualquier momento».
«Es tan absurdo como torpe culpar a los guardaparques por un hecho natural. No están formados para verificar millones de árboles. Para eso están los ingenieros forestales. Si esto se transforma en un hecho, habrá que cerrar todos los parques para que nadie termine procesado por una tormenta de viento», cuestionó este hombre que se desempeñó durante 20 años en Parques.
Al conocer el procesamiento, el Cuerpo de Guardaparques de los Alerces anunció el cierre preventivo de todas las áreas de uso público «por falta de garantías». Argumentaron que no tienen conocimiento ni formación para «determinar si un área natural puede dar garantía de seguridad para la integración física de las personas».
Plantearon también que la función de los guardaparques no contempla la protección de la integridad física de las personas cuando fueran amenazadas o resultaran víctimas de accidentes o desastres.
«Pedimos disculpas pero nos vemos en la necesidad de evitar una condena penal. En el actual contexto jurídico tan desfavorable, la responsabilidad de decidir sobre la apertura o cierre de senderos y áreas de uso público resulta ser una carga demasiado pesada para los agentes guardaparques», expresaron.
Ante el planteo, el intendente del parque Los Alerces, Hernán Colombo, decidió habilitar todos los senderos aunque relevó al personal de esa responsabilidad. Aclaró que permanecerán cerrados cuando estén vigentes los alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.
El sindicato cuestionó con dureza a la Administración de Parques Nacionales para que asista legalmente a los guardaparques imputados y «se exprese públicamente respecto a este caso puntual, pero en general de los riesgos potenciales existentes en las áreas protegidas». También pidieron presentar un amparo general ante la Corte Suprema de Justicia a fin de garantizar la seguridad jurídica y laboral del personal afectado a terreno.
La respuesta de Parques Nacionales no se hizo esperar. En un comunicado, el presidente de la institución, Lautaro Erratchu, calificó el fallo judicial como «arbitrario e incomprensible». «La Administración la rechaza tajantemente y brinda total apoyo a su personal por considerar que la medida refleja una aplicación arbitraria de la normativa y un desconocimiento de los riesgos intrínsecos de todas las áreas agrestes», expresó.
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