Debaten en Bariloche reactivar un fondo empresario de $100 millones
La iniciativa del Frente de Todos busca que las firmas que no tributen en la ciudad y que facturen cifran millonarias, paguen un aporte para realizar obras de infraestructura en barrios vulnerables.
El proyecto del Frente de Todos plantea la eximición de la Tish para pequeñas empresas. Archivo
El Concejo Municipal, en su modalidad virtual, comenzó analizar el proyecto de ordenanza del Frente de Todos que reimpulsa un fondo fiduciario por el cual se busca recaudar unos 100 millones de pesos anuales aportados por grandes empresas que no tributan en la ciudad, con el objetivo de generar obras de infraestructura para los sectores más vulnerables.
Este fondo fue incluido en la Carta Orgánica Municipal y luego fue creado por ordenanza en 2010, pero en la actualidad está vaciado.
Por eso, la concejal Julieta Wallace, propuso hacer modificaciones a esa norma para determinar qué empresas deberían aportar y además reconducir el destino de ese dinero en la generación de pequeñas obras de infraestructura básica, más allá de las construcciones vinculadas al deporte y la recreación como era el espíritu original de la ordenanza que cumple una década.
“Se apunta a las empresas que tengan facturación en la ciudad pero no tributen al municipio y se exceptúa a las que ya pagan la Ecotasa”, indicó a RÍO NEGRO Wallace, que presentó la iniciativa que ya había anticipado un mes atrás al intendente Gustavo Gennuso.
La concejal explicó que el proyecto incorpora modificaciones a la ordenanza que está vigente y establece al Concejo Deliberante un plazo de 10 días para elaborar el listado de las grandes empresas que deben aportar. También indicó que por este contexto de pandemia se podría crear una partida específica a cuenta de este fondo para que las empresas ya empiecen a aportar.
Con las modificaciones propuestas, se concentran tres grandes grupos de empresas que tienen ganancias en Bariloche pero no tributan en la ciudad porque su sede central está en otra jurisdicción.
Serían afectadas por la ordenanza las grandes cadenas de supermercados o mayoristas foráneas; todas las entidades bancarias privadas; transportistas de larga distancia; prestatarias de servicios turísticos que no tengan domicilio legal local; las cadenas de electrodomésticos; las aerolíneas privadas que no cuenten con oficinas de venta locales; obras sociales prepagas, entre otros.
Según el proyecto, se tomará como base la facturación que declaren las empresas a la municipalidad y deberán aportar las que facturen más de 100 millones de pesos anuales.
La categorización establecida indica que las empresas que facturen entre 100 y 200 millones de pesos anuales deberán aportar a este fondo 450.000 pesos por año. Las que facturen entre 200 y 400 millones de pesos, pagarán 1,5 millones de pesos anuales; y las que superen la barrera de los 400 millones deberán aportar 3.750.000 pesos cada año.
El proyecto está ligado además a otra iniciativa que presentó Wallace por la que se modifica el régimen de contrataciones y se establece que el 30% de la obras pequeña o mediana debe ser adjudicada a cooperativas de trabajo o grupos asociativos, con el objetivo de generar un movimiento económico y un ingreso a cientos de familias que hoy se ven afectadas por la inactividad de la cuarentena.
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