Denuncian que la justicia no avanzó sobre el desalojo a un viejo poblador de Villa del Nahueve
Según indican, el desalojo habría sido encabezado por el presidente de la Comisión de Fomento.
La represa que se construye en el lugar y que denuncian que es causa del desalojo, estará ubicada a 20 kilómetros de Andacollo.
Hace una semana, la familia Sepúlveda denunció que desalojada de su casa de forma violenta y que de ese hecho participó el propio presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Burgos, junto a un grupo de 20 personas. La familia habita en un terreno lindante a la construcción de la represa multipropósito del Nahueve y desde la familia denuncian que el objetivo es avanzar con la obra pese a su negativa. La abogada de los Sepúlveda, Gisela Moreira, denunció que la justicia no avanza sobre las denuncias realizadas.
«El día jueves 15 de julio, el presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Burgos, junto a varios trabajadores municipales ingresan de manera violenta a la vivienda donde ahora está habitando Juan Antonio Sepúlveda y lo retira del lugar de forma violenta, obviamente utilizando la fuerza física, sin ningún tipo de orden judicial, ni ninguna orden legal que habilitara ese acto», recordó Moreira sobre el desalojo al poblador de 74 años, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3).
Y agregó: «le sacaron toda las pertenencias afuera de la casa y luego llegaron camiones de la Comisión de Fomento para retirar algunos automóviles y colectivos que había dentro del predio».
La abogada denunció que pese a que se realizaron las denuncias, la fiscalía no actuó en ese momento y que tampoco lo hizo hasta hoy. «Estamos a la espera a ver que va a hacer». Pero además, Moreira resaltó la gravedad de que, según denuncian, el desalojo estuvo encabezado por el presidente de la Comisión de Fomento sin presencia judicial, ni policial.
El conflicto es de larga data, según explicó, la familia se radicó allí en 1940, pero recién en 2016, un decreto provincial los reconoce como dueños de las tierras. Sin embargo, en 2019 tras un reclamo de la Comisión de Fomento, se dicta una resolución que no permite la escrituración de las tierras. Esa resolución fue apelada por la familia y este último recurso aún no se resolvió.
«En base a esa resolución que no está firme todavía y que es administrativa, supuestamente el presidente de la Comisión de Formento dice estar a derecho y a proceder de esta manera. Y aunque estuviera a derecho, no se procede de esa manera«, se quejó Moreira quien indicó que los desalojos se hacen a través de la justicia y la policía, tratando de evitar la violencia.
«Sabemos que lo está haciendo a sabiendas de que está cometiendo un delito y que por su investidura de funcionario público tiene el privilegio de no ser imputado de forma inmediata. Porque cualquier persona que realice eso, más allá de los derechos que invoque, los más probable es que inmediatamente le formulen cargos y hasta podría, incluso ser detenido», advirtió sobre el proceder de Burgos y la inacción de la justicia.
Sobre las razones del desalojo, la abogada no tiene dudas que «tiene vinculación estricta con la construcción de la represa». Indicó que la empresa que realiza la construcción jamás se comunicó con la familia y que hace varios meses intentaba ingresar al predio. «Han querido quitarle la propiedad a la familia Sepúlveda de diferentes maneras y la única manera que han encontrado es esta», confió.
«Es grave y preocupante que le garantice impunidad a los funcionarios públicos», señaló Moreira al tiempo que aseguró que todo el pueblo es amenazado para no posicionarse en contra del desarrollo multipropósito. «Hay toda una maquinaria amenazante, que amenaza constantemente al pueblo para que no puedan levantar su voz porque justamente es el presidente el que da y quita el trabajo en la Comisión de Fomento», cerró.
Escuchá a Gisela Moreira en Vos a Diario:
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