Denuncian un intento judicial de censura en Salta

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado tras la notificación que una jueza de Salta emitió al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) respecto al caso de Lautaro Teruel.



Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se publicó un comunicado para repudiar los hechos ocurridos en Salta, donde una jueza emitió una resolución que atenta contra la libertad de expresión en los medios de comunicación.


El comunicado de Adepa


La jueza de Garantías 7 de la provincia de Salta, María Edith Rodríguez, notificó al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que los medios locales y nacionales deberían abstenerse de publicar imágenes del grupo folclórico Los Nocheros y de sus miembros individualmente, en el marco de la cobertura informativa de una causa judicial por la que se encuentra detenido Lautaro Teruel.

Ordenó, además, la eliminación de "todos los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, links, historiales, sitios, vínculos o motores de búsqueda" vinculados a la causa y que contengan imágenes o el nombre de cualquiera de los integrantes del grupo musical.

Se trata de una resolución mordaza que configura claramente un intento de censura prohibido de manera expresa por nuestra Constitución. Esta interdicción constitucional no implica ausencia de responsabilidad ulterior ante eventuales perjuicios ocasionados por los medios. Pero la eventual defensa del derecho al honor, la intimidad o la imagen no pueden, dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en el de la mayoría de las democracias modernas, cercenar la libertad de prensa y de expresión con una restricción que impide la difusión de información e ideas.

Prácticas habituales en casos vinculados al mundo del espectáculo como la notificación de la imposición de "bozales legales" están en línea con la resolución de la jueza Rodríguez.

Nuestro país cuenta con una frondosa jurisprudencia que reafirma la prohibición de la censura previa, nutrida por casos como "Lacroze de Fortabat c/Barone", "Chamatrópulos c/La Gaceta", "Pérez Arriaga c/Arte Gráfico Editorial Argentino SA" o "Servini de Cubría, María Romilda s/amparo". Admitir la potestad de los jueces de decidir qué puede o no publicarse implicaría que estos dejaran de ser tales para transformarse en censores.


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