Derechos despreciados

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¿A cuántos políticos argentinos les importan un bledo los derechos humanos de los cubanos? Según parece, a muy pocos. Al celebrarse el debate ya rutinario sobre el tema en vísperas de la reunión anual especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se habla mucho de la conveniencia o no de «alinearse» con Estados Unidos, pero apenas se oyen alusiones a lo que está sucediendo en Cuba, una dictadura en la que, como es notorio, los derechos suelen ser firmemente subordinados a los intereses del régimen. Aunque están disponibles varios informes conectados con el asunto, nadie ha propuesto que la posición que adopte el gobierno argentino sea determinada por ellos. Por lo tanto, nos vemos frente a una situación extraña en la que el canciller Carlos Ruckauf, hombre cuyo punto de vista personal en lo concerniente al respeto debido a los derechos individuales no será llamativamente distinto de aquel de Fidel Castro, está en favor de amonestar al presidente vitalicio cubano mientras que diversos radicales, encabezados por Raúl Alfonsín, que a menudo dan la impresión de creerse defensores apasionados de los oprimidos a raíz de sus opiniones o su militancia, están protestando amargamente contra la decisión de impulsar un voto de censura.

Pues bien: la indiferencia manifiesta, tanto de los deseosos de asestar un rapapolvos verbal a Castro en la reunión ginebrina como de quienes se le oponen, a la falta de libertades en Cuba y al trato salvaje que suelen recibir los disidentes -lo único que realmente conmueve a los dos bandos es la relación con Washington- nos ayuda a entender los motivos de aquellos gobiernos extranjeros que en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado anteponían sus vínculos con la dictadura del general Jorge Rafael Videla -o, como decían, con «la Argentina»- al eventual horror que les ocasionaban las atrocidades que perpetraban los militares y sus simpatizantes contra sus enemigos auténticos o meramente hipotéticos. Lo mismo que los peronistas, radicales, frepasistas e izquierdistas que están discutiendo los pro y los contra de «alinearse» con Estados Unidos, a la mayoría le preocupaban menos las consecuencias concretas para los débiles de su actitud, que los eventuales beneficios políticos o económicos de adoptar una posición determinada. Asimismo, los reacios a criticar al régimen procesista en público daban a entender que en privado lo presionaban para que se comportara de una forma más civilizada, método que según ellos era bastante eficaz, mientras que quienes estaban en favor de una postura más agresiva se veían acusados de intentar aprovechar el sufrimiento ajeno por motivos más ideológicos que humanitarios y de este modo agravar todavía más la situación de las víctimas de la represión ilegal.

Puede que en algunas partes del mundo ya abunden los sinceramente comprometidos con los derechos humanos que no se sienten del todo impresionados por los pretextos políticos, ideológicos, estratégicos, religiosos, económicos o diplomáticos que suelen esgrimir los dispuestos a elegir entre las víctimas de abusos, minimizando la importancia de algunos y exagerando aquella de otros según la imagen del régimen responsable, pero en nuestro país es cuestión de una minoría bastante reducida. Que sea así es alarmante. Si bien hasta ahora no se han dado señales de que en el próximo futuro pueda surgir una nueva dictadura, la caída económica catastrófica que todos los meses está eliminando decenas de miles de empleos, depauperando a sectores antes acomodados e impulsando un clima de ira social que tal vez resulte incontrolable, no puede sino hacer más probable el regreso del autoritarismo acompañado por la voluntad generalizada de relativizar la importancia de respetar ciertos derechos fundamentales. De existir un movimiento pro derechos humanos a un tiempo muy fuerte y claramente apolítico, dicha eventualidad no necesariamente acarrearía una recaída en la barbarie, pero puesto que aquí es habitual que las prioridades políticas o ideológicas pesen más que lo que efectivamente sucede, no hay ninguna garantía de que la sociedad resulte capaz de superar los grandes desafíos que le esperan sin que los representantes de diversas corrientes aprovechen la oportunidad para ensañarse con quienes no comparten sus planteos.