Destituyeron a la jueza de El Bolsón

El Consejo de la Magistratura inhabilitó a Erika Fontela por 5 años para ocupar otro cargo judicial. La votación fue dividida y se ordenó que pague las costas del juicio político.

La jueza de El Bolsón, Erika Fontela,  fue destituida de su cargo por el Consejo de la magistratura. Archivo

La jueza de El Bolsón, Erika Fontela, fue destituida de su cargo por el Consejo de la magistratura. Archivo

Por 6 votos contra 2, el Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial destituyó a Erika Mariel Fontela del cargo de jueza del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones 11 de EI Bolsón por mal desempeño en la función y graves desarreglos de conducta.

Además, por mayoría el Consejo de la Magistratura la inhabilitó por 5 años para ocupar otro cargo judicial y le impuso las costas del proceso del juicio político.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y titular del Consejo de la Magistratura, Ricardo Apcarian, leyó este mediodía de martes la sentencia, que marcó el final del enjuiciamiento político a Fontela. La lectura del fallo se hizo por videoconferencia.

Por la destitución e inhabilitación votaron los representantes del Colegio de Abogados de Bariloche, Silvio Raúl Barriga, Claudia López y Erica Alday y los legisladores provinciales oficialistas Lucas Pica y Julia Fernández y Apcarian.

En cambio, el juez Jorge Serra y el legislador provincial del Frente de Todos Marcelo Mango votaron por aplicarle una suspensión de 60 días, sin goce de haberes.

Los ocho consejeros concluyeron que durante el juicio se probó las situaciones de maltrato hacia empleadas del juzgado de El Bolsón y que formaban parte de la imputación contra Fontela.

“Estas conductas o comportamientos agraviantes, humillantes, hostiles o confusos en las directivas y los modos de realizar los trabajos no se condicen con lo que la sociedad espera de la cabeza de un organismo publico”, sostuvo la mayoría del Consejo en la sentencia.

“No podemos dejar de mencionar la ineficacia jurídica, moral y ética de pretender justificar los hechos enrostrados con insuficiencia de recursos materiales y humanos y con falta de capacitación de los empleados”, afirmaron.

Institucionalmente es insostenible justificar tremendas violaciones a los derechos humanos aun cuando (en la versión de la Defensa) la Dra. Fontela no tuvo intención de dañar y se encontraba desbordada de trabajo”, observó la mayoría de los consejeros.

“EI autoritarismo debe estar totalmente erradicado del Poder Judicial de Rio Negro y no hay estrés ni ausencia de intención de dañar, ni desborde de trabajo que seria y razonadamente pueda convalidarlo”, concluyeron.

“Ha quedado evidenciado de los elementos probatorios expuestos en el debate, que la jueza “ha desarrollado un comportamiento ético-jurídico manifiestamente abusivo, humillante y autoritario, que degradó la convivencia interna en el organismo, situación que pone de manifiesto una falta de idoneidad en el manejo del recurso humano”, resalta.

Respecto a al argumento defensivo de las carencias del Juzgado, el voto expresa que “si de forma hipotética imagináramos que faltaban recursos materiales y humanos y que el personal necesitaba capacitación, con toda contundencia afirmamos que esas situaciones nunca podrían avalar ni justificar violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales”.

Afirmaron en la sentencia que la causal de mal desempeño “ha quedado configurada en la actuación de la doctora Erika Fontela al haber protagonizado, al menos en el periodo desde el año 2018 y comienzos del 2019, diversas conductas, comportamientos y actitudes que incluyeron trato inapropiado, hostigamiento, humillaciones, insultos, gritos y amenazas hacia funcionarias y empleadas del organismo a su cargo, con agresiones verbales y utilización de términos altamente indecorosos, tanto sobre aspectos laborales como personales y en plena jornada laboral, maltrato este reiterado y sistemático del que otros agentes fueron testigos directos, lo que derivó en un ambiente tenso y hostil que afecto la armonía, la cordialidad y la buena fe que debe existir entre una Jueza y el personal a su cargo”.

“Asimismo, se comprobó el trato inadecuado hacia un letrado, el doctor Bianco. Tales comportamientos en su conjunto evidencian una forma de dirigirse y una actitud demostrativa de falta de decoro, prudencia y templanza de la Jueza sumariada, que son contrarias a lo que la sociedad espera de una magistrada judicial”, sostuvieron. Bianco es uno de los abogados del magnate Joe Lewis, según recordó en el juicio Rodolfo Rodrigo, defensor de la jueza destituida.

El voto de la minoría

Si bien las condiciones de equipamiento y recursos humanos, no resultan ningún justificativo para el maltrato y hostigamiento a que fuera sometido el personal a su cargo o un trato inadecuado hacia algún profesional del foro, en mi opinión son circunstancias que deben ser ponderadas”, advirtió Serra en su voto.

“Los hechos acreditados efectivamente han creado un clima hostil de trabajo, un trato inapropiado a un letrado del foro” pero no “no puedo soslayar que el personal con que el Tribunal comenzó a funcionar, estuvo integrado casi en forma absoluta por ingresantes sin experiencia previa en tareas judiciales”, sostuvo el magistrado. Por eso, votó por la suspensión.

Mango dijo en su voto que Fontela se tuvo que hacer cargo de un juzgado recién creado, que tenía “escasa infraestructura, insumos y muebles, lo que motiva que efectúe reiterados pedidos a la superintendencia”. Aclaró que “nada justifica un hecho de maltrato. Pero evidentemente, este contexto, influyó y superó a la magistrada”.

Recordó que este expediente surgió después del fallido intento de cumplimiento del fallo de Tacuifí, de parte de la Jueza Fontela. En esa sentencia, la justicia ordenó garantizar el acceso público al lago Escondido, que está dentro de la estancia de Lewis.

La mera posibilidad de injerencia del ciudadano británico Joseph Lewis en la designación o remoción de jueces de la Provincia de Río Negro (tema de debate y análisis en esta causa), configura una vergüenza institucional y una afrenta al estado de derecho y a la democracia misma”, advirtió Mango.

Consideró que se había acreditado “el maltrato laboral y encuadrado en la causal desorden grave de conducta”. “La conducta desplegada por la funcionaria sumariada resulta contraria a lo que se espera de su desempeño como integrante del Poder Judicial, dada la importancia de la función que se le encomienda cumplir”, planteó Mango.

Pero aseveró que no se juzgó su actuación jurisdiccional. “A mi entender la figura del mal desempeño no se encuentra acreditada”, manifestó. Y votó por la suspensión de 60 días para Fontela.


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