Bariloche: aval judicial para la audiencia pública convocada por Cortes para discutir el futuro del cerro Catedral
El juez en lo contencioso administrativo Roberto Sosa Lukman desestimó la medida cautelar solicitada por instituciones para suspender la audiencia, convocada para este jueves. Desde el municipio informaron que se anotaron 114 expositores. Dijeron que los asistentes no podrán entrar con carteles y tampoco con instrumentos de percusión.
El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Bariloche Roberto Iván Sosa Lukman rechazó la medida cautelar solicitada por varias instituciones locales, para suspender la audiencia pública, convocada para este jueves por el Gobierno municipal, para tratar el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental, que propone establecer parámetros urbanísticos en el cerro Catedral, que cuenta con el apoyo de Capsa, la empresa concesionaria del centro de esquí.
En consecuencia, la audiencia pública sigue adelante. Se hará a partir de las 16, en el gimnasio municipal 3, ubicado en calle Santiago de Chile al 500, en el barrio San Francisco de Bariloche. La Municipalidad de Bariloche informó este martes que el aforo dispuesto para la audiencia será de 500 personas.
“No estará permitido el ingreso con bebidas alcohólicas ni con elementos de percusión, parlantes, botellas de vidrio o elementos cortopunzantes. Asimismo, por razones de seguridad y organización, tampoco se podrá ingresar con carteles, pancartas o pasacalles de grandes dimensiones”, comunicaron.
La secretaria de Planeamiento municipal, Sofía Maggi, dijo este martes que hasta el momento se anotaron 114 personas para exponer en la audiencia pública. Hay representantes de todos los sectores de la sociedad de Bariloche.
El juez no resolvió el asunto de fondo
Sin embargo, el juez no se pronunció sobre el conflicto de fondo planteado en la demanda que presentaron el Colegio de Arquitectos, el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería, las juntas vecinales del cerro Catedral y de Villa Los Coihues, que integran el Consejo de Planificación Municipal (CPM) y concejales de la oposición, para anular los actos administrativos de la convocatoria a la audiencia pública.
Los demandantes señalaron el presunto incumplimiento por parte del Gobierno del intendente Walter Cortés de la normativa vigente que regula el procedimiento administrativo, para formalizar la convocatoria a audiencia pública. Y por eso, piden la nulidad.
Denunciaron que la resolución cuestionada, que el intendente dictó el 29 de abril pasado para llamar a audiencia pública, “impulsa un procedimiento ilegítimo, arbitrario e ilegal” y advirtieron que de no suspenderse, “permitirá al Municipio avanzar en la consolidación de un procedimiento viciado”.
Para el juez, no se manifiesta "ilegalidad"
Sosa Lukman sostuvo en su resolución, que dictó el lunes al mediodía, que como regla “debe ponderarse la presunción de legitimidad del obrar administrativo; por lo cual, para acceder a una medida como la requerida debe acreditarse una verosimilitud aún mayor porque la jurisdicción contencioso administrativa no puede sustituir preventivamente a la Administración en el ejercicio de sus funciones…”
“Salvo que la paralización de la actividad estatal sea necesaria ante una ilegalidad manifiesta, arbitrariedad palmaria o daño irreparable cierto. Todo lo cual debe ser acreditado rigurosamente en razón del despacho restrictivo de este tipo de medidas”, señaló.
Entendió que en este caso “la manifiesta ilegalidad no se aprecia de modo evidente; sobretodo cuando prima facie, la administración había evacuado oportunamente las inquietudes planteadas por los intervinientes durante la sustanciación del trámite administrativo”. “Extremos que, aunque sean motivo de controversia, eventualmente deberán ser objeto de acreditación en la causa principal”, explicó.
Según Sosa Lukman, “la verosimilitud del planteo en examen no resulta suficientemente acreditada en este estado; como para acceder a una medida de carácter excepcional (por la cautelar) como la que se ha requerido”.
El Concejo Municipal debatirá el asunto
“En cuanto al peligro en la demora, es decir la posibilidad de frustrar la participación de los vecinos en este proceso; contrariamente a lo expuesto, detener el proceso participativo y la celebración de la audiencia pública parecería generar lo contrario”, afirmó el juez.
Sosa Lukman citó al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, quien sostiene que “la audiencia pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones públicas, por la que la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión al respecto”.
“Además, no puede soslayarse que cumplido el procedimiento preparatorio, el proyecto debería ser elevado al Concejo Municipal, ámbito donde la ciudadanía está representada en su totalidad y donde naturalmente será debatida la conveniencia o no de su aprobación”, recordó el juez de Bariloche.
Una mirada diferente de la resolución del juez
Desde el Colegio de Arquitectos adelantaron que apelarán lo resuelto por el juez. Y observaron que la demanda de nulidad “sigue su curso”.
“El fallo no analizó en ningún momento el incumplimiento de la Ordenanza 2929. No mencionó el Rango 1. No mencionó la obligatoriedad de convocar al CPE», analizaron.
«El juez se concentró exclusivamente en si los organismos que accionaron tenían legitimación -y concluyó que no confundiendo (a nuestro entender) al órgano con sus integrantes, que son personas jurídicas independientes con personería propia”, evaluaron. “El fondo del asunto quedó intacto. Así que avanza la demanda”, recalcaron.
“El juez interpreta que la participación ciudadana queda garantizada con la realización de la audiencia pública de este 21 de mayo. Pero esa interpretación ignora una distinción fundamental: la audiencia es el último paso de un proceso que nunca se completó”, afirmaron desde el Colegio.
“La participación ciudadana real no se mide por la existencia de una audiencia. Se mide por la calidad del proceso que la precede. Sin ese proceso, la audiencia no cumple el estándar participativo que la normativa exige, lo aparenta”, aseveraron.
Definición del Rango 1
El Rango 1 es un procedimiento técnico-administrativo establecido por el Manual de Gestión del Código Urbano de Bariloche para proyectos de gran escala o impacto territorial promovidos por el Estado.
Según explicaron desde el Colegio de Arquitectos local, “se aplica a desarrollos urbanos integrales, loteos de gran magnitud o intervenciones en áreas de reserva que requieren modificaciones normativas”.
Dijeron que el Consejo de Planificación Municipal actúa como el ámbito de concertación técnica donde se evalúa el proyecto antes de su tratamiento legislativo. El CPM Involucra a miembros activos (juntar vecinales, Concejo Deliberante ) y consultivos (como el Colegio de Arquitectos, Consejo de ingenieros, prestadores de servicios ), quienes deben validar que la documentación técnica sea completa y rigurosa para evitar el crecimiento urbano descontrolado”.
Organización de la audiencia pública
Desde el municipio comunicaron este martes que las personas «podrán ingresar» al gimnasio municipal 3 «con bolsos y mochilas, aunque al momento del acceso se realizarán controles preventivos y revisiones por parte de la autoridad interviniente”.
Dijeron que al momento del ingreso, “cada persona acreditada recibirá una pulsera identificatoria según el sector asignado. La acreditación deberá realizarse presentando el mismo documento utilizado durante la inscripción previa. En el caso del público en general, quienes deseen asistir deberán exhibir su DNI”.
Informaron que las personas identificadas con pulsera “podrán entrar y salir del recinto durante la jornada. En el caso del público general, al retirarse deberán ceder su lugar a quienes se encuentren aguardando para ingresar”.
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