El Gobierno profundizó el ajuste fiscal: el gasto bajó 10% en agosto para sostener el superávit
La reducción del gasto primario devengado fue la más pronunciada en lo que va de 2026. La contención sobre las transferencias discrecionales a las provincias y los programas sociales buscó consolidar el sendero de equilibrio de las cuentas públicas comprometido ante el FMI.
Con el objetivo de preservar el ancla fiscal y garantizar las metas de ahorro pactadas con los organismos internacionales, la administración de Javier Mielei aceleró durante agosto el esquema de contención del gasto público. De acuerdo con estimaciones privadas elaboradas a partir de las planillas oficiales del ministerio de Economía, el gasto primario devengado registró una baja interanual real del 10%, consolidando a julio y agosto como el bimestre de mayor disciplina fiscal desde fines de 2024.
La decisión del Palacio de Hacienda apuntó a sincronizar el nivel de erogaciones con la dinámica de los recursos del Estado. Si bien en agosto la recaudación tributaria global logró empatar el ritmo inflacionario —con una suba de 1,1% real según datos de ARCA traccionada por anticipos de Ganancias y retenciones del agro, y una leve variación de -0,2% según la consultora LCG—, el comportamiento de los tributos vinculados a la actividad interna motivó una mayor rigidez sobre las partidas presupuestarias para blindar el balance positivo.
El desglose de las partidas: fuerte contención en fondos discrecionales
El repliegue del gasto ejecutado por la administración central exhibió su mayor intensidad sobre las transferencias no automáticas y las partidas operativas del Estado:
- Transferencias no automáticas a provincias: Los envíos discrecionales hacia las gobernaciones cayeron un 86,1% interanual en agosto, profundizando un recorte acumulado del 64,6% en los primeros ocho meses del año. La medida no afectó a la coparticipación federal automática, que cerró el mes prácticamente neutra (+0,1% real).
- Programas sociales: Las partidas de asistencia estatal —excluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH)— mostraron una baja real del 40,6%.
- Bienes y servicios: Los fondos para el funcionamiento de los organismos públicos retrocedieron un 19,6%.
- Gasto salarial del sector público: Las partidas destinadas a haberes de la administración nacional disminuyeron un 8% interanual, ubicándose como el segundo rubro de mayor volumen dentro del gasto primario, detrás de las jubilaciones.
«La caída promedio del gasto público nacional volvió a ser la más alta para un bimestre desde 2024, poniendo de manifiesto las dificultades que genera la falta de recuperación en la recaudación», analizó el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica, al subrayar que sectores como el comercio, la industria y la construcción concentran cerca del 60% de los ingresos conjuntos de IVA y Ganancias.
El sendero del superávit y la meta anual con el FMI
La estrategia trazada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca asegurar el cumplimiento del programa financiero. La pauta vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el sector público nacional cierre el 2026 con un superávit primario del 1,4% del PBI, un objetivo recalibrado desde la proyección inicial del 2,2%.
Según los registros oficiales de la Secretaría de Hacienda, hasta julio el Estado acumuló un superávit primario equivalente al 0,9% del PBI y un superávit financiero del 0,1%. Aunque durante el primer semestre se produjo un desvío contable transitorio de $570.000 millones respecto al objetivo intermedio pactado con el FMI, desde el equipo económico explicaron que respondió a la prórroga en el calendario de vencimientos de Ganancias, cuyos saldos impactaron en las arcas públicas en julio.
Para los próximos meses, los analistas de LCG anticipan que la disciplina del gasto continuará siendo la herramienta central del Palacio de Hacienda. Con rebajas tributarias en marcha —como las alícuotas para trigo y cebada, la menor carga en impuestos internos coparticipados y la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL)—, la prioridad oficial seguirá concentrada en resguardar el superávit y ratificar la certidumbre en las cuentas públicas.
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