El canje de deuda puede terminar en un default no declarado
Enrique Kawamura (*)
La decisión tomada por la presidenta de la Nación de reabrir el canje de bonos emitidos bajo jurisdicción legal de Estados Unidos puede generar una serie de consecuencias a mediano plazo que deberá afrontar, especialmente, el gobierno que asuma en el 2015 al frente del país. Por un lado, de las propias cifras de la Secretaría de Hacienda surge que no se están generando los recursos para afrontar los próximos vencimientos del sector público, que se estiman para el 2014 en unos 8.500 millones de dólares. Frente a esta situación, es lógico pensar que termine siendo el Banco Central el que financie los pagos, si el gobierno decide honrarlos como hasta el 2012. A junio, la información oficial sobre el monto de reservas del BCRA era de 37.000 millones de dólares, pero con una tendencia hacia la baja: en el primer semestre del 2013 la reducción en la cifra respecto de diciembre del 2012 fue de 6.285 millones de dólares, un 14,5% menos. Si bien el stock de reservas debería ser suficiente para afrontar vencimientos de corto plazo, el remanente podría tomar valores en torno a 15.000 millones de dólares o menos. Si ocurriese esto, o incluso antes de alcanzar estos montos, la reacción de los mercados financieros, especialmente el del dólar paralelo, podría generar todavía mayor inestabilidad cambiaria. Éste es el mensaje que difundieron algunos académicos en los últimos años y que evalúa la posibilidad de crisis bajo sistemas cambiarios duales y no muy diferentes en algunos aspectos del actual. Por otro lado, el canje podría tener algún efecto positivo en la medida en que el gobierno quiera dilatar la aparición de este escenario y los tenedores de bonos de jurisdicción estadounidense no tengan en cuenta estos potenciales problemas. Pasando al caso de los tenedores de bonos bajo jurisdicción argentina, resultaría para el gobierno menos costoso hacer algún tipo de “default” sin caer en un default legal propiamente dicho; es decir, encarar un canje unilateral en pesos al mismo tiempo que induce una devaluación del peso contra el dólar. Es verdad que esta opción no necesariamente resulta gratis: el propio sistema judicial argentino podría decretar algún tipo de ilegalidad del canje forzoso. Sin embargo, no sería extraño pensar que una parte de estos bonistas pueda anticipar esa posibilidad y, de ese modo, conjeturar la poca aceptación que expresarían ante la propuesta argentina, no sólo por un tema general de falta de confianza sino porque puede haber razones más profundas para que este canje redunde, al menos eventualmente, en un posible default no declarado como tal en un futuro. (*) Profesor asociado del Departamento de Economía y director de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés
