“El Estado abandona la educación, la salud y la seguridad”
Conforme lo normado en la Constitución Nacional, el Estado garantiza a sus ciudadanos proveerles educación, salud y seguridad entre otros derechos y garantías, tal como lo prescriben entre otros los artículos 4, 14 y 33 de la carta magna. Ello implica que tales beneficios son esencialmente de carácter público –sin perjuicio de establecimientos o emprendimientos de carácter privado que se dediquen a los mismos fines– y así el pueblo en general, sin distinción ni excepciones, tendría satisfechas sus necesidades de aprender, de asistencia adecuada en tiempos de enfermedad, de resguardo de su persona y bienes mediante la policía provincial o federal. Lo expuesto es un deber que deben cumplir en tiempo y forma el gobierno nacional como provincial y también el municipal, en su caso, y para ello han de proveer los elementos materiales y humanos necesarios para concretar las responsabilidades que la Constitución Nacional les impone de manera indelegable e insoslayable. No obstante lo expuesto, paulatinamente el gobierno en las distintas jurisdicciones se ha ido alejando de cubrir en plenitud la manda constitucional y hoy la educación pública se ha degradado a tal punto que los educandos, niños, jóvenes y adultos no asisten a clases porque los educadores han desistido de su vocación, dedicándose a otras actividades por los sueldos magros o porque sus reclamos de mejoras salariales no reciben una respuesta idónea y en tiempo; porque los edificios escolares no se encuentran en condiciones por carecer de calefacción, vidrios, bancos, seguridad, etc. y por ello las familias hacen ingentes esfuerzos para que sus hijos acudan a establecimientos de enseñanza privada para conseguir que su derecho a aprender sea una realidad. En cuanto a la salud, la carencia de elementos humanos –particularmente especializados– es ostensible y encuentra como fundamento el mismo motivo que en educación, esto es salarios austeros que generan la fuga del profesional médico a clínicas y sanatorios privados donde son bien remunerados y cuentan con el material necesario para ejercer su profesión sin sobresaltos. En este ítem, los problemas materiales en el área pública, sea por falta de instrumentos como por la situación deplorable de los edificios, son de público y notorio conocimiento. La inseguridad se ha instalado en la sociedad como problema prioritario y, ante la falta de respuesta del gobierno, barrios abiertos y cerrados recurren a la contratación de seguridad privada como paliativos a la desidia estatal en este tema. La falta de recursos expuesta por las autoridades es una excusa sin fundamento. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que esos servicios garantizados por la Constitución se presten en tiempo y forma. En realidad sucede que el dinero que debe ser destinado a tales fines prioritarios se desvía, sin pudor, a cuestiones ajenas al bienestar general. En definitiva, los beneficios de la educación, salud y seguridad han sido sustancialmente abandonados por el Estado, delegándolos en la costosa actividad privada, tan alejada del hombre de a pie. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 San Martín de los Andes
Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 San Martín de los Andes
