El gobierno español intervendrá Cataluña tras la declaración de independencia
Por 70 votos a favor y 8 en contra, el cuerpo legislativo había avalado la propuesta del presidente Carles Puigdemont. El senado español decidió la aplicación del artículo 155 de intervención
El gobieno español que preside Mariano Rajoy intervendrá Cataluña tras la declaración de independencia del Parlamento de Barcelona esta mañana.
El Senado español aprobó las medidas propuestas por Madrid, incluida la destitución del Gobierno de la región de Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones en un plazo de seis meses, minutos después de que el “Parlament” regional diera un nuevo paso a la independencia.
El artículo 155 es un mecanismo, no aplicado hasta ahora nunca en España, permite a Madrid tomar medidas ante la “extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales” por parte de Cataluña.
Además del Partido Popular (PP) de Rajoy, lo apoyaron el Partido Socialista (PSOE) y el liberal Ciudadanos. Hubo 214 votos a favor -el 81 por ciento de la Cámara-, 47 en contra y una abstención.
El Parlamento catalán había aprobado más temprano iniciar un proceso que acabe con la instauración de una “república independiente” en un plazo no estipulado, cruzando así un nuevo límite en el desafío soberanista que abrió la peor crisis de las últimas décadas en España.
España, con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, se opone a la independencia y Madrid decidió, a través del parlamento, una hora después de la noticia la intervención de la región noreste. Ningún país ha expresado su apoyo a la oferta de secesión.
La votación, que según los juristas no implica una declaración de independencia sino el inicio del proceso, coincidió con otra cita clave en la crisis: el Senado español tiene previsto dar hoy luz verde a la intervención de la autonomía de la región por parte del Estado central, incluida la destitución inminente del Gobierno catalán de Carles Puigdemont.
“Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, indica la resolución presentada y respaldada por el grupo Junts pel Sì de Puigdemont y el partido antisistema CUP (Candidatura de Unidad Popular) que lo apoya.
El texto votado en una tensa sesión recoge la declaración de independencia anunciada y dejada en suspenso el 10 de octubre por las fuerzas nacionalistas, pero la incluye en una parte expositiva que no es la sometida a votación.
Diversos analistas coincidieron por eso en que la propuesta aprobada no proclama la independencia, sino que insta al “Govern” regional a dar los pasos necesarios en ese camino e “iniciar la apertura de un proceso constituyente” que acabe en una Constitución catalana.
La ambigua fórmula utilizada en la resolución permite así a Puigdemont y los sectores independentistas dar un paso con fuerte impacto político y de imagen, pero intentando evitar posibles consecuencias penales de una declaración unilateral de independencia.
La Fiscalía General del Estado había avisado ya que, en caso de que se proclamara la independencia, presentaría una querella contra Puigdemont, su Gobierno y la Mesa del “Parlament” por rebeldía, un delito castigado con hasta 30 años de prisión.
