El juicio a Ríos Montt

HENRY MORALES ARANA AFP

La apertura de un juicio por genocidio contra el octogenario exgobernante de facto guatemalteco Efraín Ríos Montt es otro paso en el largo camino hacia la justicia por los crímenes y abusos cometidos por las dictaduras militares en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado, estiman analistas y activistas humanitarios. Aunque para algunos expertos el juicio contra el exdictador podría llevar mucho tiempo en los tribunales guatemaltecos, la decisión –anunciada el lunes– sienta un precedente histórico en el país y abona la lucha contra la impunidad a través de la persecución penal contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Latinoamérica. Ríos Montt, de 86 años, será enjuiciado por el delito de genocidio, por la matanza de unos 1.770 indígenas mayas ixiles ocurrida en el norte del país durante su férreo régimen (1982-1983), en lo más cruento de la guerra civil guatemalteca, que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996. El caso “se suma a otras luchas de víctimas de violaciones de derechos humanos en el continente” americano, dijo el analista Eduardo de León, exdirector de la Fundación Rigoberta Menchú, líder indígena sobreviviente de la guerra guatemalteca y quien ganó en 1992 el Premio Nobel de la Paz por denunciar atrocidades contra los pueblos mayas. Según el experto, juzgar a los responsables de los abusos cometidos contra la población civil “abre de fondo una perspectiva” para la reconciliación en Guatemala y en los otros países latinoamericanos con un pasado nefasto de regímenes violatorios de los derechos humanos. Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, integrado por familiares de desaparecidos durante la guerra civil guatemalteca, considera que sentar en un tribunal al exdictador constituye un importante precedente “porque en muy pocos países se han calificado los crímenes que se cometieron como genocidio”. Polanco explicó que la resolución judicial pone a Guatemala como un referente del avance de la Justicia para castigar los “terribles crímenes”. Latinoamérica cuenta con una triste historia de regímenes militares que llegaron por la fuerza a ocupar el poder y que dejaron secuelas de miles de víctimas. Muchos de los jerarcas militares, algunos dictadores, murieron antes de pagar por los crímenes. Un ejemplo, el general paraguayo Alfredo Stroessner, quien falleció en su exilio dorado de Brasilia en el 2006 sin ser condenado. En ausencia fue procesado por delitos de lesa humanidad (se le atribuyen unos 400 muertos y desaparecidos). Pero, tras un largo período de impunidad, la Justicia logró abrirles proceso y llevar a prisión a dictadores latinoamericanos por graves delitos de lesa humanidad, como Jorge Videla (Argentina), Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry (Uruguay), y Alberto Fujimori (Perú). Augusto Pinochet (Chile) murió en su casa –en arresto domiciliario– en el 2006 sin haber sido condenado por el exterminio de opositores. “Guatemala no fue la excepción durante la guerra” de sufrir genocidio “pero no todos siempre tienen ese acceso a la Justicia. Guatemala da un salto”, dijo el abogado Nery Rodenas, director de la Oficina de DD. HH. del Arzobispado de Guatemala, la cual publicó hace 15 años el informe “Guatemala nunca más”, que documentó miles de casos de graves violaciones de derechos humanos, la mayoría atribuidas a militares. Para el analista Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, el caso de Ríos Montt ayuda a volcar la mirada hacia las víctimas. “Sin lugar a dudas el derecho del acceso a la Justicia empieza a generar esos procesos de garantía de no repetición” de violaciones de derechos humanos, dijo Santos, quien destacó que un resarcimiento va más allá de una “condición monetaria”, pues lo más importante es la reparación psicológica y la restitución del tejido social. Menos eufórico, el querellante en el proceso, Héctor Reyes, advirtió que aún está por verse lo que pase con Ríos Montt, pues la defensa ya anunció que apelará la resolución de apertura de juicio. “Es un pequeño paso hacia la justicia, pequeño si se quiere, pero es hacia adelante”, dijo.


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