El modelo español de la seguridad social
En España, como en el resto de países del mundo, el tema de las pensiones ha dado lugar a un debate político e ideológico. Sin embargo las visiones catastrofistas sobre el devenir de la seguridad social, impulsadas por sectores favorables a su privatización, no han calado hondo. El apoyo popular al sistema público de pensiones ha obligado a los partidos políticos a considerarla materia no electoral y arribar a un consenso que se ha materializado en el llamado Pacto de Toledo, un acuerdo firmado en 1995 entre el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
El actual modelo de pensiones en España es un sistema público de dos pilares de cobertura (uno asistencial y otro contributivo) complementado con un sistema opcional privado. En el público existen dos niveles: a) un sistema contributivo, financiado con las cotizaciones de trabajadores y empresarios; b) uno no contributivo o asistencial.
El asistencial está financiado con impuestos generales y gestionado por las comunidades autónomas. Beneficia a los incapacitados para el trabajo o a los que no han cubierto, a los 65 años, un período mínimo de cotización. Su cuantía es del 45% del salario mínimo (600 euros en la actualidad) y cumple una función de integración social y lucha contra la pobreza. Debe tenerse en cuenta que en España existe también un sistema universal de salud, financiado con cargo a los presupuestos del Estado (es decir que los trabajadores no sufren un descuento como acontece con las obras sociales argentinas).
El sistema contributivo es gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, un órgano autónomo del Estado, que presenta sus presupuestos independientes de los generales del Estado. Esta transparencia permite a los afiliados al sistema conocer con exactitud cuál es el equilibrio financiero de las cuentas de la seguridad social y saber cuántos trabajadores en activo respaldan a cada trabajador pasivo.
En la actualidad cotizan 20 millones de españoles a la seguridad social que sostienen a 8 millones de pensionistas, lo que da una tasa de cobertura de 2,5 activos por cada pasivo. La cotización con destino a la seguridad social es del 28,3% del salario (23,6% lo aporta la empresa y 4,7% se descuenta en el recibo del trabajador). Los pagos actuales por pensiones rondan el 10% del PBI español.
El Pacto de Toledo contempla la creación de unos fondos de reserva para el futuro, cuando disminuya la tasa de sostenibilidad, debido a la aceleración del proceso de envejecimiento de la población española. (En 1980, las personas de 65 años y más eran el 11% de la población española y en el 2000 representaban ya el 16,8%). Esos fondos alcanzan actualmente los 56.000 euros (5,3 del PBI nacional). Se han invertido el 51% en deuda pública española y el 49% en deuda pública de grandes países europeos (Francia, Alemania, Bélgica).
El sistema complementario de planes y fondos privados de pensiones se estableció por ley de 1987. En 1995, se lo reforzó debido al aumento progresivo de las deducciones fiscales. La consecuencia fue el aumento espectacular de los fondos complementarios de pensiones (de 320.000 partícipes en 1990 se pasó a 10,4 millones en el 2007 (es decir el 50% de la población ocupada española) con un patrimonio de 86.000 millones de euros. Sin embargo, la rentabilidad promedio de los planes de pensiones fue inferior a la inversión en bonos del Estado. El 65% estaba invertido en renta fija y tesorería y las elevadas comisiones, que en 2007 fueron de 1.000 millones de euros, lastraban al sistema.
El acierto del Pacto de Toledo reside en que ha tenido por finalidad hacer viable financieramente el modelo de reparto y solidaridad intergeneracional de la seguridad social. Ha buscado un equilibrio entre las prestaciones contributivas y las cotizaciones para fortalecer las bases financieras del sistema. La puesta en práctica de sus recomendaciones se inició, además, en 1996, con un proceso previo de negociación y acuerdo con los agentes sociales (empresarios y sindicatos).
Como ha señalado la Comisión Europea, la modernización y reforma de los regímenes de pensiones es un proceso complejo que afecta a un gran número de intereses y personas. De él dependen las condiciones de vida de un sector de la población, numeroso y potencialmente vulnerable, por lo que es preciso respetar expectativas legítimas y mantener un equilibrio justo y viable entre derechos y obligaciones. Las reformas, además de ser capaces de afrontar los desafíos del futuro, deberán ser transparentes y claras en su impacto y conceder suficiente tiempo a la población para adaptarse a ellas.
Aleardo F. Laría (*)
Especial para «Río Negro»
(*) Abogado y periodista
