El revelador expediente de Familia con la «sugerencia» del juez a Quintriqueo
En el legajo figuran las últimas actuaciones del magistrado que renunció para evitar un Jurado de Enjuiciamiento. La investigación penal está abierta.
La fiscal especializada en Violencia de Género, Carolina Mauri, ya tiene en su poder el expediente del juzgado de Familia de Villa La Angostura donde constan las denuncias de Guadalupe Curual contra Juan Bautista Quintriqueo.
Mauri fue designada para investigar las posibles responsabilidades penales que por acción u omisión pueden caberle al exjuez Jorge Alberto Videla y a los demás funcionarios judiciales de Villa La Angostura. La denuncia la presentó la Ministra de las Mujeres de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
A medida que se conocen más detalles sobre el manejo del caso que realizó el exmagistrado, aumenta la indignación por la rapidez con la cual el Consejo de la Magistratura aceptó su renuncia. El organismo tardó menos de 24 horas y lo decidió por unanimidad, sin debate.
A través del querellante Marcelo Hertzriken Velasco, Río Negro pudo saber que la última denuncia de Guadalupe fue una llamada telefónica al juzgado el 1 de febrero, en la cual advirtió que temía por su integridad física ya que su expareja «suele circular con un cuchillo».
El 23 de febrero a la noche, Quintriqueo la apuñaló en el pecho en pleno centro de la ciudad.
En esa llamada del lunes 1, Guadalupe avisó al juzgado que Quintriqueo se había acercado a ella en dos oportunidades: el viernes 29 y el sábado 30 de enero, a pesar de la prohibición judicial. Llamó a la comisaría, pero los policías llegaron cuando el hombre ya se había retirado.
El 5 de febrero Quintriqueo realizó un descargo: «el pueblo es chico», dijo, y «por su trabajo (de taxista) puede pasar que se cruce con Curual sin quererlo».
El juez no comunicó a la fiscalía el incumplimiento de la orden judicial que él mismo había dictado.
Según consta en el legajo, se limitó a explicarle a Quintriqueo cuál es «el espíritu de la medida cautelar de prohibición de acercamiento», «entendiéndose que por la dinámica y características propias de la localidad podría llegar a darse un acercamiento involuntario».
A continuación, «se le sugiere que en caso de que deba realizar alguna tarea laboral en las cercanías de un lugar en el que él sabe que se encuentra la señora Curual, evite hacerlo mientras se encuentren vigentes las medidas cautelares».
También le hizo saber que «podrá comunicarse con este juzgado y/o los operadores de la oficina de violencia por cualquier duda o consulta que pudiera presentarse en relación al proceso».
Quintriqueo, según el acta, «manifiesta que en lo sucesivo continuará respetando las medidas cautelares dispuestas por Vuestra Señoría». Es decir que no reconoció haberlas incumplido.
«Fue un chas chas en la cola a alguien que ya estaba incurso en amenazas con arma y desobediencia a una orden judicial», dijo el abogado Hertzriken Velasco.
Por eso el querellante anunció en su momento que «hay material suficiente para iniciarle un Jurado de Enjuiciamiento».
Esa vía se cerró con la renuncia de Videla, aceptada en tiempo récord por el Consejo de la Magistratura. El juez la presentó el lunes, y el organismo la aceptó al día siguiente en su reunión habitual de los martes.
El consejero Marcelo Inaudi, representante del bloque de Juntos por el Cambio, fue el que propuso que «aceptemos rápidamente» la dimisión «pensando más en la imperiosa necesidad de cubrir rápidamente ese cargo».
«La ciudadanía no se merece que quede vacante y queden las causas paralizadas, con mayor razón teniendo en cuenta la convulsión social que ha generado el último lamentable episodio del que todos hemos tomado conocimiento», argumentó el consejero.
Los otros seis integrantes estuvieron de acuerdo y votaron por unanimidad la aceptación de la renuncia, pese a que ya se sabía que Videla podría haber incurrido en gravísimas irregularidades.
Quizá hubo especulación política y se pensó que, corrida del escenario la figura irritante del magistrado, el clima social se descomprimiría.
Para entonces la denuncia de la ministra Gómez Alcorta ya había sido presentada. Es la que ahora investiga la fiscal Mauri, y según altas fuentes del Ministerio Público, tiene «amplia libertad para trabajar».
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