El turno del “Pinochet africano”
EMILIO J. CÁRDENAS (*)
Un exdictador de Chad, Hissène Habré, que acaba de ser acusado de haber cometido aberrantes crímenes de lesa humanidad, incluyendo toda suerte de torturas, será juzgado por un tribunal especial en Senegal. Por esa razón fue recientemente detenido en la ciudad de Dakar, donde había residido sin mayores sobresaltos por espacio de 22 años; en el exilio, obviamente. Por esto Habré se había transformado en una suerte de símbolo de la impunidad de la que han gozado, por largos años, algunos terribles dictadores africanos una vez desalojados del poder. Cuando el juicio a Habré finalmente se inicie, será la primera vez que los tribunales nacionales de un país africano lleven al banquillo de los acusados a un expresidente de un país vecino por crímenes de lesa humanidad. El tribunal que lo juzgará será, sin embargo, senegalés y está recién creado, existe desde febrero. Lleva una denominación un poco confusa; se lo ha llamado “Cámaras Extraordinarias Africanas”. Su mandato es bien específico: juzgar a Habré, quien niega todas y cada una de las acusaciones ahora acumuladas en su contra. Estamos entonces frente a un tribunal especial, ad hoc. Curiosamente, esto es posiblemente una consecuencia de la abierta sensación de desconfianza que parecería existir en muchos rincones del continente negro respecto del equilibrio del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, al que se acusa de estar injustamente enfocado en las cuestiones africanas, dejando otras de lado; esto es, de tener una suerte de injustificado empeño en lo africano. No comparto esa visión, pero existe. Uno de sus exponentes más frecuentes es nada menos que el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, quien acusa al tribunal de falta de equidad en la selección de sus prioridades. Habré, recordemos, gobernó Chad desde el trampolín de un partido único con mano dura, como consecuencia de lo cual es acusado de haber cometido distintos crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo, muy particularmente contra algunas de sus minorías étnicas o religiosas. Esto se habría consumado a través de su policía secreta, el llamado “Directorado de Documentación y Seguridad”, que habría sido el brazo ejecutor de una constante política represiva donde la tortura, como método, habría estado en el centro de sus actividades La conformación de este tipo de tribunal ad hoc, que seguramente tendrá partidarios y detractores, se realizó con la conformidad de la Unión Africana y en diálogo abierto con ella luego de que el Tribunal Penal Internacional ordenara a Senegal entregarle a Habré o juzgarlo en su propia jurisdicción para cortar su impunidad. Está ya en marcha una investigación preliminar para recoger información referida a los crímenes de lesa humanidad de los que Habré podría ser responsable, la que presumiblemente se extenderá, por sus complejidades, por algo más de un año. Por esto se supone que el juicio propiamente dicho sólo comenzará a fines del año venidero o en el 2015. El costo del funcionamiento del tribunal –que estará compuesto por jueces senegaleses y aplicará la ley de este país– será soportado en parte por Chad (que dedicará a esto unos tres millones de euros) y en parte también por algunos países europeos (que aportarán a esto unos siete millones y medio de euros). Habré difícilmente pueda ser juzgado con equidad en su propio país, Chad. Allí ya fue condenado a muerte en un juicio que se le siguió en rebeldía en el 2008 por violar groseramente la Constitución local y apoderarse del país. Un nuevo mecanismo judicial se ha puesto en marcha. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla para poder emitir un juicio sobre su eficacia y, más aún, sobre su equidad. Por ahora preocupa que el mismo sea el resultado de una pérdida de confianza en el mecanismo judicial edificado por la comunidad internacional para este tipo de temas: el del Tribunal Penal Internacional. De alguna manera estamos frente al resultado de un fracaso de la comunidad internacional, por lo menos formal. Y a una alternativa para hacer justicia. (*) Exembajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
