Emergencia nacional por violencia contra las mujeres
En el 2009 nuestro país dio un paso significativo para combatir la violencia contra las mujeres: el Congreso nacional aprobó la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. No obstante este avance importantísimo en materia legislativa, consideramos que en la lucha contra la violencia de género aún queda mucho por hacer. Podemos tener la mejor legislación, pero si no existe voluntad política para aplicar las leyes y dotarlas de presupuesto se vuelven letra muerta. Es fundamental y prioritario elaborar, reforzar y hacer cumplir las políticas públicas de atención y asistencia a las víctimas de violencia, garantizar las medidas de protección y servicios de asesoramiento, así como el acceso a la Justicia, y destinar los recursos económicos necesarios para ello. Estas políticas también deben estar dirigidas a la capacitación y sensibilización de los operadores del sistema, jueces, fiscales, defensores, que muchas veces se ven influenciados por estereotipos y prejuicios de género dentro de un orden patriarcal que impide al Poder Judicial dar cuenta de los derechos de las mujeres. Los hechos de violencia que alcanzaron difusión pública en los últimos tiempos pusieron en evidencia una gravísima situación de violación de los derechos de las mujeres, víctimas de una violencia inusitada que en la actualidad se está cobrando la vida de una mujer por día. Ante esta grave situación resulta urgente la declaración de la emergencia pública por violencia de género en todo el territorio nacional, para que el Ejecutivo, en coordinación con el Consejo Nacional de las Mujeres, implemente las acciones necesarias para hacer frente a este flagelo que no admite más víctimas ni demoras. La emergencia implicaría que por el término de dos años se reasignaran las partidas presupuestarias con un destino específico: crear unidades especializadas que brinden atención psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica gratuita a las víctimas de violencia. Asimismo, establecer una red de contención social y sanitaria entre el Estado y ONG especializadas en violencia de género, implementar programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer, crear casas refugio como instancias de tránsito para atención y albergue, otorgar a las mujeres que se encuentren en situación de emergencia una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil y brindar acceso gratuito, rápido y eficaz en los servicios sanitarios, legales y sociolaborales que asisten a las víctimas. Que la violencia hacia las mujeres forme parte de la agenda parlamentaria permite que este tema se visibilice y se instale en toda la sociedad. Pero, reitero: resulta fundamental que desde los poderes ejecutivos nacional, provinciales y locales se aborde con una fuerte voluntad política y de manera conjunta esta problemática y se la posicione en las agendas de gobierno, porque es desde allí que realmente se hacen efectivas. (*) Diputada nacional, bloque GEN, interbloque FAP
Virginia Linares (*)
En el 2009 nuestro país dio un paso significativo para combatir la violencia contra las mujeres: el Congreso nacional aprobó la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. No obstante este avance importantísimo en materia legislativa, consideramos que en la lucha contra la violencia de género aún queda mucho por hacer. Podemos tener la mejor legislación, pero si no existe voluntad política para aplicar las leyes y dotarlas de presupuesto se vuelven letra muerta. Es fundamental y prioritario elaborar, reforzar y hacer cumplir las políticas públicas de atención y asistencia a las víctimas de violencia, garantizar las medidas de protección y servicios de asesoramiento, así como el acceso a la Justicia, y destinar los recursos económicos necesarios para ello. Estas políticas también deben estar dirigidas a la capacitación y sensibilización de los operadores del sistema, jueces, fiscales, defensores, que muchas veces se ven influenciados por estereotipos y prejuicios de género dentro de un orden patriarcal que impide al Poder Judicial dar cuenta de los derechos de las mujeres. Los hechos de violencia que alcanzaron difusión pública en los últimos tiempos pusieron en evidencia una gravísima situación de violación de los derechos de las mujeres, víctimas de una violencia inusitada que en la actualidad se está cobrando la vida de una mujer por día. Ante esta grave situación resulta urgente la declaración de la emergencia pública por violencia de género en todo el territorio nacional, para que el Ejecutivo, en coordinación con el Consejo Nacional de las Mujeres, implemente las acciones necesarias para hacer frente a este flagelo que no admite más víctimas ni demoras. La emergencia implicaría que por el término de dos años se reasignaran las partidas presupuestarias con un destino específico: crear unidades especializadas que brinden atención psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica gratuita a las víctimas de violencia. Asimismo, establecer una red de contención social y sanitaria entre el Estado y ONG especializadas en violencia de género, implementar programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer, crear casas refugio como instancias de tránsito para atención y albergue, otorgar a las mujeres que se encuentren en situación de emergencia una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil y brindar acceso gratuito, rápido y eficaz en los servicios sanitarios, legales y sociolaborales que asisten a las víctimas. Que la violencia hacia las mujeres forme parte de la agenda parlamentaria permite que este tema se visibilice y se instale en toda la sociedad. Pero, reitero: resulta fundamental que desde los poderes ejecutivos nacional, provinciales y locales se aborde con una fuerte voluntad política y de manera conjunta esta problemática y se la posicione en las agendas de gobierno, porque es desde allí que realmente se hacen efectivas. (*) Diputada nacional, bloque GEN, interbloque FAP
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