Este es el español que golpeó al todopoderoso Google

DERECHO AL OLVIDO

“Luchar contra Google es luchar contra Dios”.

Lo dijo hace unos meses Mario Costeja, un abogado y calígrafo español que denunció al todopoderoso buscador por publicar una información desfasada sobre él. Pero hoy, la Justicia le dio la razón y “dios” recibió un mazazo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció, por primera vez, el denominado “derecho al olvido” en Internet: el derecho a que se elimine de la red una información personal antigua que perjudica a un individuo.

La sentencia de Luxemburgo abre las puertas a que los ciudadanos puedan reclamar a Google y a otros buscadores la eliminación de enlaces que conducen a páginas donde aparece información personal, convirtiéndose en un hito en la defensa de la privacidad.

Es lo que pidió hace ya cinco años Costeja, el abogado español que se convirtió en promotor involuntario del derecho al olvido digital e impulsó, desde un caso personal, el establecimiento de unas reglas del juego para que multinacionales como Google cumplan con la normativa europea de protección de datos.

La corte europea considera que el operador de Internet “es responsable del procesamiento que hace de los datos personales que aparecen en sus páginas web”, incluido el material publicado en medios de comunicación.

“Para Google sigo siendo deudor y casado”, se quejaba Costeja hace unos meses al diario español “El País”. El abogado se había divorciado ya hacía años y sus deudas estaban saldadas, pero su pasado volvía como un fantasma cada vez que introducía su nombre en el buscador.

Cómo empezó la historia

Todo comenzó en 1998 cuando su nombre apareció en dos anuncios publicados en un diario como dueño de una propiedad sacada a subasta por un embargo a causa de deudas. Fue el comienzo de una larga historia, con triunfos, algún que otro revés y, ahora, la victoria definitiva.

En 2009, intentó sin éxito que Google suprimiera el enlace que redireccionaba a esa información. Un año después, la agencia de protección de datos española le dio la razón y ordenó al gigante de Internet su retirada. Pero Google recurrió y la Justicia española remitió el caso al Tribunal europeo.

“Google era una gran herramienta y ahora es perfecta con esta sentencia”, celebró Costeja tras conocer la noticia.

Qué dice Google, a todo esto

La multinacional estadounidense, sin embargo, calificó el fallo judicial de “decepcionante” para “los buscadores y en general para quienes publican contenidos en Internet”.

Google se escudaba hasta ahora en el derecho a la libertad de expresión para no eliminar los datos desfasados de los usuarios. “Un negocio que se basa en el corta y pega de lo que hacen otros, sin pagar nada por ello… que no me digan que eso es libertad de expresión”, se quejaba Costeja en plena lucha.

Ahora, el tribunal europeo sostiene que debe buscarse el “equilibrio justo” entre el derecho individual a la privacidad y la protección de datos y el “legítimo interés” de los usuarios de Internet interesados en acceder a la información.

Costeja matizó que defiende la libertad de expresión y que está en contra del derecho al olvido en casos como los de corrupción. “Si un político mete la mano en la caja, lo pillan, lo sentencian y él quiere quitar sus datos, yo estoy en contra”, aclaró.

El TJUE también puntualiza que se consideran una excepción las personas públicas sobre las que haya un interés especial.

Algunos expertos temen ahora una avalancha de peticiones como la del abogado español.

Qué más dice la Justicia

* Que los ciudadanos pueden solicitar a los buscadores que se supriman los resultados “debido a que estos datos e información pueden perjudicarle” o porque deseen “que estos datos e información se `olviden` tras un determinado tiempo”.

* Los enlaces que los buscadores deberán eliminar son aquellos que se obtengan tras buscar el nombre de una persona y que lleven a sitios donde haya información delicada sobre la misma, inclusive si la información es verídica, ya que esa información “afecta potencialmente a una multitud de aspectos de la vida privada”.

* El fallo considera una excepción para aquellas personas públicas sobre las que exista un interés especial. En los demás casos, si los buscadores no suprimen los resultados solicitados, las personas afectadas podrán acudir a los tribunales para que ordenen la eliminación de los enlaces.

* Establece que “al explorar Internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda `recoge` tales datos que `extrae`, `registra` y `organiza` posteriormente en el marco de sus programas de indexación, `conserva` en sus servidores y, en su caso, `comunica` y `facilita el acceso` a sus usuarios en forma de listas de resultados”.

“El Tribunal de Justicia considera que el gestor del motor de búsqueda es el `responsable` de este tratamiento”, aclaró un comunicado de esa Corte, “dado que es él quien determina los fines y los medios de esta actividad”.

DPA y AFP