Expresión desierta

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

Otra vez, la concepción o la opinión del gobernador se evaporó. No pudo imponer su juicio en el gabinete. Ya impera esa horma en el poder concebido, distinguido por la devaluación de aquel vértice de mando. Weretilneck firmó el aumento de haberes para sus funcionarios, aun renegando de su oportunidad. Se resolvió con su enganche a las mejoras del resto de los estatales. Ya, el año pasado, nada ocurrió con su pretendido ajuste para esos haberes. Sus ministros se opusieron y, además, políticamente, mucho cooperó el reclamo público a favor de una quita requerida por el senador Pichetto, por entonces un crítico. Aquel recorte se perdió, igual que la proclama y el proyecto legislativo de limitación de las retribuciones en los órganos de control. El reciente progreso se infiltró en un decreto de mayo. Alejandro Palmieri fue su impulsor, planteando que no existía movilidad desde diciembre del 2011. Algunos pares compartían esa movida y otros callaron, aunque todos se regodearon con esos beneficios. Estas malicias explican que un simple decreto exponga una rareza. Figuran las rúbricas de la totalidad de los ministros. Así no hay ningún distraído formal. El nivel salarial de los funcionarios es un análisis en sí mismo. Al asumir, Carlos Soria zanjó esa materia cuando impulsó la ley de equiparación entre los titulares de los Poderes y, luego, revalorizó la escala de los suyos, hoy con un costo promedio de 23.000 pesos. Un inicial desvío se insinúa en el número, pues se está en los 310 cargos políticos, acercándose al doble de los sugeridos primitivamente. Los desapegos subjetivos están ligados a la propensión y aptitud laboral manifestada por la mayoría de los funcionarios. Weretilneck lo detecta cuando sale a la caza de ellos. Allí también hay signos de ultraje a la conducción. El gabinete tampoco tomó nota de su inquietud financiera de marzo por la evolución de las erogaciones del Estado. En esa ocasión, el gobernador reaccionó y promocionó medidas, cerrando el ingreso de personal y, entre otras acciones, alentando la supervisión de las inasistencias. Su traspaso a los privados del control médico quedó postergado y la última versión de Economía se reduce a la revitalización de las desmanteladas Juntas Médicas. Los virajes abruptos también pertenecen al mismo Weretilneck. Lo hizo cuando avaló que Desarrollo Social incorpore unos 300 contratos que figuran como becas y, la semana pasada, autorizó que Salud incluya a unos 150 profesionales, técnicos y personal de servicios generales. Será progresivo pero, en realidad, formaliza el alta porque, mayoritariamente, esos agentes fueron nombrados en resoluciones ministeriales. Un amparo judicial de una médica de Sierra Grande acreditó esa contradicción en cientos de agentes convocados con trámites irresueltos. No hay un procedimiento, ni un propósito homogéneo en las incorporaciones. Este obrar se contrapone a la inquietud por el crecimiento de la planta, cuyo aumento del último año se acerca a los 3.000 cargos, considerando las horas cátedras. El desparramo de voluntades se extiende en otros terrenos. La temporada invernal en El Bolsón está embrollada. Su gobierno y su comunidad no lograron resolver el conflicto por la explotación del cerro Perito Moreno, cedida a privados. La firma exigió un negocio inmobiliario, que resiste parte de la población. La porfía recayó en la Justicia mientras el gobierno provincial naufragó con su mediación. El presente se concentra en la exigencia a la concesionaria y la participación municipal, sin descartar que la discusión derive en un plebiscito. “Falta decisión política, esta cuestión no se resuelve con un fallo. Esperar es un acto de cobardía”, advirtió el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi. Lo lanzó el domingo en la reunión de las partes, que concluyó con un fallido acuerdo cuando el intendente García no quiso firmarlo, a pesar de que originalmente lo había aceptado. La política, otra vez, deriva su función en la Justicia, que ya tiene una vieja causa penal porque hectáreas del loteo propuesto pertenecen a tierras fiscales denunciadas por su trato irregular de parte del gobierno de Miguel Saiz. Hay aflicción del gobernador. Advierte riesgos si no hay plena actividad en la temporada. Estuvo, otra vez, en el conflicto e intervino bien. Mucho más no podría hacer porque tampoco allí hay un único criterio oficial. Weretilneck prioriza respetar el contrato, profundizando en el cumplimiento de los privados y previendo la reapertura del análisis del acuerdo original. Pero, sus allegados actúan en otras líneas. El ministro Ángel Rovira Bosch pregona su rescisión y acerca planes. Así no pasó nada inadvertido su rechazo a la invitación para firmar el frustrado compromiso, rubricado por Weretilneck. Y otros, como Fernando Vaca Narvaja y el legislador César Miguel, reivindican una superior actuación del Estado, a partir del ensueño de una inversión provincial. Esos antagonismos relegan cualquier marcha. Nada, igualmente, incomoda más a la gestión cuando los contrastes quedan exhibidos. Weretilneck sinceró su ponderación frente a los jóvenes en conflicto con la ley. Exigió el “castigo máximo” y consideró que “no hay atenuantes que valgan para un menor que mata”. Recriminó a los jueces por su inclinación a “devolver a sus padres a los menores”. Su íntima valoración se sujeta en que los delitos se reducen si se encierra a “cuatro a cinco jóvenes”. Esa conclusión empírica no es nueva. Ya lo distanció del exministro Jorge Vallaza y se repite hoy con la subsecretaria Ana Calafat. Ocurre que la funcionaria extrema sus resguardos en beneficio de aquellos jóvenes, tanto que el juez Carlos Reussi la denunció por un presunto ocultamiento de un menor cuando él había ordenado su internación. Desarrollo Social y Salud Mental se aferran al lineamiento de la recuperación social. Frente a esa recomendación técnica, nunca habrá un juez que disponga otro destino. Lo peor –admiten en la Justicia– es que “vuelven a la calle, pero sin asistencia” estatal. Cada respuesta puede ser rebatible en lo material. Pero, habrá que clarificar un camino en Río Negro. ¿Por qué un chico está en la delincuencia? “Hay una frase muy usada. Cuando el niño deja de dar lástima, empieza a dar miedo. El delito tiene causas sociales de exclusión, de violencia y de no vivir la infancia. Y la verdadera política estará en las acciones sociales de Desarrollo Social y de Educación para que ¡¡ nunca más !! se discuta en Río Negro si los chicos de 15 ó 16 años tienen que ser imputables o no tienen que ser imputables”. Este dogma lo volcó Weretilneck en su discurso legislativo del 1º de marzo del 2012. Entonces, los aplausos se multiplicaron. Existió un claro contraste con el reciente silencio perturbador del oficialismo, salvo la lógica aclaración técnica del mandatario. La secretaria de Seguridad, Martha Arriola fue expulsada en noviembre del 2008 por Daniel Scioli de la cartera de la Niñez y Adolescencia cuando discrepó con el bonaerense, que proponía abrir el debate para la baja de la imputabilidad en los menores. Otra contrariedad desafía la permanencia de ella. Arriola figura en un informe de la Función Pública por su incompatibilidad salarial. No es la única, pero el cruzamiento de sus aportes previsionales habría revelado hasta cuatro haberes simultáneos el año pasado, reducido últimamente a percepciones en Río Negro y el Senado bonaerense. En principio, el gobernador ordenó su continuidad, por lo menos, hasta las elecciones de octubre. Ocurre que su administración se acoplará plenamente al proceso electoral, que encabezará Pichetto. Esa fidelidad se la garantizó Weretilneck esta semana al jefe de Gabinete, Juan Abal Medina. Tanto que se gestó una idea embrionaria: su probable inclusión en la lista para el Senado, en tercer lugar. Sería una suscripción simbólica, pues ese reparto recae en dos para la mayoría y uno para la minoría. Nada está decidido porque, también acá, el protagonismo de Weretilneck está por empezar.

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