Falta testigo clave en el juicio contra la escribana
La Justicia no pudo localizar a una de las personas que advirtió las presuntas maniobras. La acusación contra Aguirrezabala estima un fraude al Estado por 1,2 millones de pesos.
Falta testigo clave en el juicio contra la escribana
El juicio a la escribana María Alejandra Aguirrezabala entró en la recta final. Sin embargo, aún no compareció un testigo clave para la fiscalía. Se trata de Graciano Bracalente que se desempeñaba como director general de Rentas cuando ocurrieron los hechos denunciados.
De hecho, la causa se inició a partir de la denuncia que Bracalente presentó en octubre de 2007, cuando advirtió las presuntas maniobras.
El fiscal de Cámara Martín Lozada pidió a los jueces de la Cámara Criminal Segunda, Héctor Leguizamón Pondal, Emilio Riat y Rubén Marigo, que se convoque al testigo que hasta el momento no pudo ser localizado porque no vive en Bariloche, según explicaron en Tribunales.
Ayer, el defensor particular Raúl Ochoa se quejó de la demora y cuestionó que la fiscalía no haya procurado ubicar al testigo en una causa que lleva años de trámite. Sin embargo, los testigos, por lo general, son convocados desde la secretaría del tribunal.
El plazo para recibir el testimonio del testigo vence el 12 de junio. Esa fecha se desarrollará la audiencia de los alegatos de la fiscalía y de la defensa de la imputada, según definieron los jueces.
Ayer, sólo declaró una persona que advirtió años atrás las presuntas maniobras, en su carácter de contribuyente. El juicio contra Aguirrezabala comenzó el 19 de mayo pasado.
La mujer está imputada como presunta autora de decenas de defraudaciones contra al administración pública.
A la escribana se le atribuyen, según la acusación fiscal, 48 hechos de defraudación contra la administración pública por un monto de 1.158.094 pesos. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2001 y junio de 2006.
La acusación fiscal indica que Aguirrezabala, en su doble carácter de escribana pública titular del Registro 84 de esta provincia y agente de recaudación tanto del impuesto provincial de sellos como de las tasas retributivas de servicios del Registro de la Propiedad Inmueble, en lugar de depositar el dinero que había recaudado de clientes en la cuenta abierta por la DGR en el Banco Patagonia, retuvo indebidamente y, luego, sustrajo distintas sumas de dinero.
El juez de Instrucción Marcos Burgos procesó -sin prisión preventiva- a la escribana. La Cámara Criminal Primera desestimó la apelación a principios de septiembre de 2014 y confirmó el procesamiento.
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