Fuentealba II: recusan al juez Piedrabuena por el conflicto en el supermercado

Lo hizo uno de los defensores, fundándolo en un supuesto peligro de parcialidad ya que los imputados en la investigación son policías. Este trámite suma una nueva demora a la causa iniciada en 2007.

Piedrabuena está siendo investigado por el TSJ a raíz de su conducta el fin de semana. Foto captura de la audiencia virtual.

Piedrabuena está siendo investigado por el TSJ a raíz de su conducta el fin de semana. Foto captura de la audiencia virtual.

"En cuanto a las partes, se recuerda que deben actuar con buena fe procesal, esto es, procurar una debida diligencia en cada uno de los actos y evitar lapsos prolongados de inactividad", indicó el Tribunal Superior de Justicia en el fallo en el que ratificó la vigencia de la causa Fuentealba II el 14 de julio de 2019. Nada de eso ocurrió ayer en la primera audiencia convocada desde entonces.

El caso se originó en 2007. El 4 de abril el docente Carlos Fuentealba fue asesinado en una represión policial en Arroyito, durante el gobierno de Jorge Sobisch. El propósito de esta investigación era establecer el rol que le cupo a quienes participaron del operativo junto al cabo José Darío Poblete, que fue condenado a prisión perpetua como el autor del disparo.

La causa terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de una serie de sobreseimientos dictados, solicitados por la fiscalía y las defensas. El máximo tribunal ordenó que se hiciera una nueva sentencia y el TSJ estableció parámetros, ya que se trata de un legajo que se originó en el anterior sistema procesal. Desde 2014 Neuquén cuenta con un modelo acusatorio.

La audiencia de ayer era de control de investigación. Se hizo de manera virtual y salvo uno de los acusados, Carlos Salazar, se conectaron los 13 imputados restantes: Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Julio César Lincoleo, Aquiles González, Rubén Hernández, Pablo Oddone, Félix Torres, Cristian Vázquez Salinas, Luis Alberto Rodríguez, Oscar Lezama, Benito Matus.

También concurrieron dirigentes de ATEN y CTERA junto a Sandra Rodríguez, la compañera del docente, que es querellante en la causa.

Una vez que el juez Diego Piedrabuena dio inicio a la audiencia uno de los defensores, Nahuel Urra, explicó que había un planteo de recusación pendiente de resolución.

Pidió que el magistrado se apartara, a raíz del episodio que involucró a Piedrabuena el fin de semana pasado en un hipermercado de la ciudad de Neuquén -en el que un cajero aseguró que fue insultado por el juez- y el TSJ abrió una investigación administrativa.

Urra es patrocinante de los dos policías que denunciaron haber sido agredidos por el magistrado cuando intervinieron en el local. Afirmó que Piedrabuena cuestionó a la fuerza, de hecho solicitó que la fiscalía investigara apremios, y esto afectaría su imparcialidad en una causa en la que los imputados son efectivos.

El juez rechazó la recusación. Mencionó que esos dos agentes "no son parte en este proceso, por lo cual, no se entiende donde estarían las dudas razonables acerca de mi parcialidad para intervenir en el presente caso".

"Con el criterio de los recurrentes, cada abogado que patrocine o haya patrocinado a alguna persona con la cual un magistrado se haya relacionado de alguna manera, positiva o negativa, sería causal de apartamiento de los magistrados, aún cuando ni siquiera esto este presente en la mente del juez, como ocurre en este caso, donde ni siquiera tenía conocimiento de ello, afectándose seriamente la administración de justicia por un temor infundado de parcialidad, que solo responde a una vinculación impersonal", agregó.

Planteó que más allá de las denuncias de estos dos policías en su contra "no quedan dudas que no todos los policías son iguales, ni la institución tiene voluntad propia para cometer delitos, pues son las personas las que los cometen, y no los entes estatales."

Quien ejerce la presidencia del Colegio de Jueces es la persona que define si se acepta o no la recusación. En este caso fue Estefanía Saulí, quien descartó que haya motivos para apartar a Piedrabuena de la audiencia.

Cuando Urra comentó que Saulí ya había resuelto, el fiscal Maximiliano Breide Obeid aseguró que ella nunca podría haberlo hecho porque participó como defensora de los imputados en la causa, antes de asumir el cargo de jueza y solicitó la nulidad de esa decisión.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio para citar a la magistrada. "En el día de ayer (el miércoles) cuando se me remite la recusación, el informe del doctor Piedrabuena en carácter de urgente haciéndome saber que estaba fijada la audiencia para el día de hoy en ninguna parte del escrito se me hace mención a los hechos. En cuanto a la carátula se me pone el número de legajo y "fiscalía de cámara sobre investigación", por lo tanto no había forma que yo supiera de qué legajo se trataba, si yo había tenido algún tipo de intervención en este legajo", contestó Saulí.

"Veníamos a una audiencia que pretendía encauzar el procedimiento en una causa muy compleja, de acuerdo a las pautas que ha señalado la Corte, el Tribunal Superior de Justicia y las leyes aplicables, y nos enteramos en la audiencia de esta cuestión", dijo el querellante Ricardo Mendaña junto a Marcelo Medrano.

El defensor Gustavo Lucero también se mostró ofuscado. "Todos y cada uno de quienes estamos acá merecemos que nos respeten en cuanto a nuestros intereses, en cuanto a nuestros tiempos", remarcó.

Finalmente la audiencia terminó suspendida. Saulí insistió en que ella ya había tomado una resolución. Urra indicó que irá al Tribunal de Impugnación para que defina si Piedrabuena puede seguir o no interviniendo.

"No le hace nada bien a este caso esperar hasta el año que viene para hacer una audiencia ordenatoria", señaló el fiscal. Sostuvo que no entendía como la jueza había tomado una resolución "sin conocer los hechos". Enfatizó en que lamentaba "la dilación" y le pidió disculpas a la querellante.


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