Guagliardo, de ATEN, se mostró conforme con la ley que sancionará las agresiones a docentes en Neuquén

«El objetivo no era una cuestión únicamente punitiva», afirmó Marcelo Guagliardo, secretario general del sindicato ATEN sobre la ley que castiga a quienes ejerzan violencia física o verbal contra docentes, dentro y fuera de las escuelas. Si bien la iniciativa la presentó el gremio sufrió grandes modificaciones durante el tratamiento en comisiones. La Legislatura tiene previsto aprobarla esta semana.

El dirigente sostuvo que hay dos grandes aspectos que el proyecto conserva. Por un lado valoró la creación de la comisión interinstitucional, que será la que diseñe las estrategias para prevenir este tipo de situaciones. El funcionamiento será ad honorem y tendrá representación del Consejo Provincial de Educación (CPE), los ministerios de Educación y Seguridad, gremios, el equipo interdisciplinario del Consejo y la defensa pública.

También la inclusión de sanciones administrativas y contravencionales, según corresponda, a las personas que cometan los ataques. Respecto de estas últimas contempla tres: multas de entre uno y cien JUS (que van desde $65.963,62 a $6.596.365 al valor actual), trabajo comunitario de hasta veinte jornadas y arresto de hasta treinta días.

El castigo lo impondrá un juez de Faltas considerando la gravedad del hecho, la reiteración, el daño y si la conducta ocurrió en presencia de estudiantes, lo que constituirá un agravante.

Si las agresiones la protagonizan chicos y chicas deberán responsabilizarse junto a sus padres, madres o representantes legales. Si se niegan podrán ser multados.

Esto no significa que no pueda realizarse una denuncia penal, como ocurrió en el caso del colegio San Martín en que la fiscalía le formuló cargos a la mamá de una estudiante que golpeó a un grupo de docentes.

Guagliardo aseguró que se quitó del proyecto el registro de agresores pero evaluó que no es «una gran pérdida». Señaló que lo más importante es el mensaje que transmite la ley: la violencia no es la vía para resolver conflictos.

Los aportes de Domínguez

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El diputado oficialista Francisco Lepore (Avanzar) será el encargado de presentar el proyecto en el recinto. Ayer contó que a propuesta del legislador Claudio Domínguez (MPN) introdujo una serie de cambios en el despacho. Entre ellos que en 180 días, a partir de la entrada en vigencia de la ley, el CPE deberá elaborar o actualizar los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia.

Además tendrá que llevar un registro estadístico de los hechos contra trabajadores de la educación e iniciar la capacitación obligatoria y periódica para todo el personal en materia de resolución pacífica de conflictos, derechos laborales, convivencia institucional y prevención de violencia.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentarla. Además deberá hacer una adecuación presupuestaria a los fines de garantizar la implementación.

El despacho tuvo aval unánime en la comisión de Asuntos Constitucionales. El diputado Darío Martínez (Unión por la Patria) recordó que su bloque impulsa una iniciativa similar para trabajadores de la salud. Lepore tomó el compromiso de trabajar una ley específica para este sector. En la votación estuvo ausente el diputado de izquierda, Andrés Blanco.