Piden que la fiscalía investigue los contratos de Desarrollo Social para la campaña de la lista Azul
La CTA se presentó el viernes en la fiscalia para que se investigue si hubo una utilización particular (para el MPN) de las contrataciones eventuales antes de las elecciones provinciales.
Las contrataciones de punteros se conocieron con las protestas por las bajas frente a Casa de Gobierno Foto: Matías Subat.
El secretario general de la CTA, Alfredo Marcote, presentó una denuncia ante la fiscalía general para que se investigue la contratación de personas para la campaña Azul del MPN con fondos del ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
La denuncia se radicó el viernes ante al fiscalía general. «La idea es que la fiscalía comience a investigar», dijo Marcote. En el planteo, la central pide ser querellante de la causa y cuestiona la legalidad de la contratación de más de unas 1440 personas «con fines diferentes a los autorizados» para la administración pública. Concretamente la realización de campaña política con fondos públicos.
El planteo se hizo en base a la publicación de RIO NEGRO en la que el concejal Claudio Domínguez, electo diputado provincial por el MPN; dijo que el gobierno provincial había contratado personas para hacer la campaña de la lista Azul, y que debido a que el oficialismo perdió la gobernación, los acuerdos cesaron.
En la presentación de los hechos, Marcote destacó que Domínguez dió cuenta en la nota periodistica de una política clientelar en la que se utilizarían fondos públicos para la campaña partidaria a través de las contrataciones eventuales.
Señaló que la contratación «aparece utilizada – según los dichos de Domínguez- como una forma de detraer fondos del Estado y destinarlos a fines privados. Debido a ésto, la CTA denuncia que el accionar se observó como un incumplimiento de los deberes de funcionario y presunta malversación de caudales públicos.
La central gremial solicitó que la fiscalía investigue se inicie una investigación penal en función de la violación de los artículos 248, 260 y 261 del código de procedimientos de la provincia.
Detalló que los funcionarios públicos han utilizado mecanismos del Estado para destinar dineros a una aplicación diferente para la que están destinados, que los fondos le fueron conferidos «en función de su cargo» para la administración pública y no para emplearlos en «provecho propio o de un tercero».
Marcote presentó la denuncia, instó a que la fiscalía lleve a cabo procedimientos para lograr la documentación en Desarrollo Social sobre las contrataciones eventuales y que se les permita ser querellantes en la causa.
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