Igual que hace un año
En junio del año pasado otra familia “protegida” por el programa estatal padeció una situación idéntica en el Alto Valle. Eran nueve personas, entre las cuales había testigos de un brutal homicidio también ocurrido en Bariloche. Estaban amenazados y el gobierno provincial alquiló para ellos dos viviendas en una ciudad valletana, con el compromiso de aportarles bolsones de comida y facilitarle a los adultos el acceso al trabajo. Llevaban un año viviendo bajo el programa de protección cuando la comida comenzó a escasear y comenzaron a recibir intimaciones de desalojo por la falta de pago del alquiler, que llevaba para entonces cuatro meses de acumulación. “Nos dijeron que nos iban a conseguir un trabajo y nunca nadie nos dio nada. También desde el Ministerio de Desarrollo Social nos estaban asistiendo con alimentos pero ya no lo hacen. Hoy no tenemos ni para la yerba”, comentó en aquel momento a este diario uno de los hijos de la familia afectada. El joven recordó que sus padres habían aceptado “dejar sus trabajos y sus bienes” en Bariloche ante el compromiso de protección, porque el juez que llevaba la investigación del crimen había constatado que había “amenazas concretas de muerte por parte de los involucrados”. Según cuestionaron en aquel momento, el grupo integrado por nueve personas recibía del Estado una asistencia de 3.300 pesos al mes. (Redacción central)
