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Impulsan proyecto para mejorar la “transparencia” informativa en Bariloche

La intención del Frente de Todos es legislar con mayor detalle sobre la obligación de Mi Bus, de la empresa Capsa y de todas las concesionarias y contratistas del Estado municipal para asegurar un acceso más amplio a la información.




La iniciativa busca “actualizar” la ordenanza de acceso a la información sancionada hace 12 años. Foto: gentileza

La iniciativa busca “actualizar” la ordenanza de acceso a la información sancionada hace 12 años. Foto: gentileza

El bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para ampliar los mecanismos de acceso a la información pública, con el foco puesto en el concepto de “transparencia activa” -que no figura en la normativa vigente- y en garantizar la publicidad de los balances y estados contables de las empresas concesionarias.

La iniciativa busca “actualizar” la ordenanza de acceso a la información sancionada hace 12 años y adaptarla a los lineamientos fijados luego por la ley nacional 27.275, que establece parámetros más estrictos.

La propuesta de bloque opositor señala en los fundamentos que si bien la mayor parte de la legislación en la materia garantiza el acceso “al dato bruto y procesado (ya sea por estadísticas o indicador)”, también es indispensable simplificar los trámites para dar con la información buscada y garantizar “una producción del Estado de la información en términos claros y accesibles”.

Subraya que más allá de responder a los pedidos de los ciudadanos para acceder a información calificada, “es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada a través de sus sitios institucionales en la red”.

La concejal Roxana Ferreyra, una de las autoras del proyecto, explicó que decidieron trabajar en un mejor cumplimiento de ese derecho a partir de las dificultades encontradas por los usuarios y contribuyentes que pretendieron acceder al contrato, los balances y otros datos de la empresa concesionaria del transporte.

Explicó que la intención del FdT es legislar con mayor detalle sobre la obligación de Mi Bus, de la empresa Capsa y de todas las concesionarias y contratistas del Estado municipal para asegurar un acceso más amplio a la información.

Ferreyra admitió que se trata de un tema sensible y descuenta un debate arduo con los representantes del oficialismo. “Va a haber cierta resistencia, pero hay que dar esta discusión”, afirmó.

El texto precisa que cualquier persona “humana o jurídica, pública o privada” tiene derecho a solicitar y recibir información pública del municipio, mediante solicitud escrita o verbal. En este último caso el funcionario o agente requerido está obligado a confeccionar un acta y canalizar el reclamo, con los datos del solicitante.

Entre los sujetos obligados incluye a “concesionarios de servicios públicos, licenciatarios, prestatarios, permisionarios, contratistas y explotadores de un bien municipal”.

La iniciativa del FdT introduce el concepto de “transparencia activa”, que impone a los sujetos obligados (funcionarios, empresas y contratistas) la carga de “facilitar la búsqueda y acceso a la información pública a través de sus páginas oficiales en la red, de manera clara, estructurada y entendible para los interesados”.

Y puntualiza en el caso de las empresas prestatarias que tienen la obligación de ofrecer amplio acceso a sus balances periódicos, “el patrimonio y su variación anual”, informes de auditoría interna o externa y otras evaluaciones relativas al servicio público, “costos fijos y variables que componen el costo total de la prestación, ingresos por subsidios, cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales, denuncias presentadas e infracciones cometidas”, entre muchos otros datos.

Ferreyra dijo que otro tema que aspiran a esclarecer es el de las sanciones por incumplimiento del deber de informar, “dado que hoy no existen”.

El FdT quiere dejar establecido que la reticencia o negativa a brindar información pública es “una falta grave” y dejar allanada la posibilidad de intervención del Tribunal de Contralor y la eventual denuncia a la Justicia.


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