Prisión preventiva para acusado de participar de usurpación y atacar a un policía
César González está detenido tras un enfrentamiento con policías ocurrido el lunes. El juez no aceptó la formulación de cargos como instigador de la ocupación de la ladera sur del cerro Otto y dispuso la prisión preventiva por dos meses.
César González fue imputado como partícipe de la usurpación en la ladera sur del cerro Otto. Foto: archivo
César González, el hombre que fue detenido el lunes en Bariloche tras un enfrentamiento de ocupantes de tierras en la ladera sur del cerro Otto con policías, fue imputado como partícipe necesario de la usurpación de terrenos ocurrida en agosto y por atentado agravado «por haber puesto mano en la autoridad» contra un agente policial. Se dispuso la prisión preventiva por dos meses.
El hombre, que ayer fue exhibido a través de un video con lesiones y golpes en el rostro, permanece detenido en una sede policial y hoy fue trasladado al edificio de tribunales donde se realizó la audiencia de formulación de cargos.
El juez Juan Pablo Laurence dio por formulados los cargos como partícipe de la usurpación que ejecutaron el 15 de agosto unas 80 personas en tres predios (dos privados y uno municipal) ubicado en el barrio El Frutillar, en la ladera sur del cerro Otto. Sin embargo, el magistrado descartó la imputación de González como instigador al considerar que faltaba información para avanzar hacia esa calificación penal que solicitó el fiscal Tomás Soto, aunque aclaró que en el transcurso de la investigación puede ser modificada.
La investigación tiene plazo hasta febrero de 2022. El juez ordenó la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación, según el pedido del fiscal, con un plazo de dos meses (hasta el 23 de noviembre).
El juez además imputó a González por las lesiones ocasionadas al agente policial Mauro Breit Mora, que según indicó el fiscal, fue atacado por el imputado con golpes de puño y cabezazos dentro del patrullero cuando era trasladado tras su detención. Sufrió fractura del maxilar izquierdo.
González expuso públicamente haber sido víctima de una “golpiza” aunque no denunció autores ni circunstancias del hecho en la audiencia que es pública para la prensa a través de una transmisión por streaming. En una de sus intervenciones, el acusado dijo: «No le toqué un pelo a nadie, lo hacen para justificar la golpiza que me dieron».
La defensa rechaza y cuestiona
La defensora oficial Blanca Alderete planteó otra teoría del caso y rechazó los cargos esgrimidos por el fiscal. Cuestionó además que la detención de González fue realizada de manera ilegal porque la policía no tenía una orden de allanamiento y su defendido fue detenido dentro del predio en el que vive, junto a la zona de tomas, en el lote que el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas le cedió en “custodia” mediante un acto administrativo de comienzos de agosto.
La defensora indicó que González “no prestó ningún tipo de colaboración necesaria” para que otras personas ocupen las tierras de manera masiva y cuestionó a la Municipalidad por no responder a la demanda habitacional que existe en la ciudad. También indicó en la audiencia que el Instituto de Tierras, que había cedido el terreno a su defendido, tras los incidentes, emitió otro acto administrativo para dejarlo sin efecto.
Respecto al ataque al uniformado, la defensora dijo: «La propia policía es la que empezó a arrojar piedras a la gente que estaba ahí, entiendo que estamos lejos poder achacarle a González un atentado a la autoridad, fue la autoridad la que lo dejo como lo dejó«, en alusión a los golpes en el rostro que exhibía su defendido en la audiencia.
González se explayó en la audiencia y señaló ante el juez que el propio organismo municipal lo “mandó al muere” por cederle un terreno como parte de un compromiso asumido hace más de un año, cuando estuvo involucrado en otras intentos de ocupaciones de tierras. “La gente se me viene encima porque dicen porqué le dieron a él y no a nosotros”, afirmó.
Cuestionó también que cuando recupere la libertad (cuya situación se deliberará tras un cuarto intermedio) no tendrá a donde acudir, ante el nuevo acto administrativo del Instituto de Tierras que le quitó la custodia del terreno donde instaló una casilla para vivir.
Después de un cuarto intermedio de más de dos horas, la defensora reforzó su planteo respecto de una “detención ilegal” y exhibió al juez y las partes un video del episodio del lunes (al que la prensa no tuvo acceso). El fiscal jefe Martín Lozada dijo que era “carente de sustento” el planteo de la defensa y señaló que en la filmación se veían los incidentes entre varias personas con policías, pero no la ubicación de González y la detención, por lo que rechazó la premisa de Alderete.
El juez indicó que los videos evidenciaban el “contexto y la conflictividad”. Coincidió con el fiscal que se encontraban ante un hecho de flagrancia y rechazó el pedido de la defensa.
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