Incendio en tribunales: juez y fiscal con miradas distintas
Los pedidos de detenciones no fueron aceptados por el magistrado. Para los investigadores son determinantes casi 200 horas de escuchas telefónicas.
Ataque a la Justicia
Los partícipes del incendio en los tribunales de Viedma ya están identificados, según la fiscal Iztiar Soly, entonces solicitó al juez penal Favio Igoldi sus detenciones y sus extracciones de ADN para cotejarlas con elementos recogidos en el lugar del siniestro.
Esa posibilidad -inicialmente- fue descartada por el magistrado. Incluso, las tres capturas registradas se concretaron por “resistencia a la autoridad” cuando se cumplieron los allanamientos, por lo cual, el viernes a la noche, fueron liberados después de las correspondientes indagatarias por esos delitos simples.
Evidentemente, el juez no comparte la conclusión de Soly en referencia a la existencia de pruebas suficientes para la imputación del incendio de la madrugada del 26 de julio, que destruyó el juzgado de Carlos Mussi .
Fuentes de la investigación aseguran que existen entre 160 a180 horas de grabaciones telefónicas, calificadas de determinantes en la resolución porque los imputados aparecerían hablando del tema y su actuación. La hipótesis inicial plantearía la participación intelectual y material de media docena de personas.
Para la mayoría de ellos, Soly habría pedido su detención y su consecuente extracción de ADN. Los tres detenidos por resistencia -entre ellos, un cabo de la policía rionegrina- formarían parte de esa lista solicitada y, también, figuraría el abogado Ignacio Galiano, que la fiscal ya reconoció el viernes que estaba imputado en el hecho. Otro suboficial también estaría involucrado, según fuentes de la investigación.
La petición fiscal comprenderían a los hermanos Iván y Ricardo Colman, con distintos antecedentes delictivos. Ambos fueron defendidos por Galiano en anteriores causas penales y el primero de ellos fue detenido el jueves por resistencia a la autoridad.
En su requisitoria, Soly pidió a Igoldi que se los detuviera por su imputación del incendio sino que, además, se extrajeran muestras de ADN. Ocurre -según trascendió- que los investigadores retiraron elementos de la zona afectada, como serían colillas de cigarrillos. El cotejo de ADN extraídos de ciertas piezas con las muestras de los sospechosos podrían garantizar su presencia en el lugar del siniestro.
Además de los testimonios y grabaciones, la fiscal y la Comisión Investigadora repasan los estudios científicos aportados por la policía de Buenos Aires, y otros de la Prefectura Naval.
La actual libertad de los imputados preocupa a los investigadores aunque su mayor temor radica en una cuestión más profunda: la relación del Igoldi con Soly. Ocurre que la fiscal en setiembre denunció a ese juzgado por “una fuga de información” hacia uno de “los sujetos investigados” por el incendio de tribunales. Ese suceso claramente afectó la relación entre ellos.
Liberación y custodia
Los detenidos en la causa del atentado a Tribunales fueron indagados y liberados por el juez Igoldi. Según se supo, las personas de apellido Becerra, Colman y Salinas (este último policía) fueron imputados por la fiscal Itziar Soly como vinculados al incendio, junto al abogado Galiano quien no fue apresado aunque sí fueron allanados inmuebles suyos y de su familia.
Los sujetos fueron demorados por resistencia a la autoridad en el momento de los procedimientos, pero a las pocas horas quedaron libres. Por ello, el gobierno dispuso una custodia especial permanente para la titular de la Fiscalía Nº 3 de Viedma, quien lleva adelante la investigación del incendio intencional ocurrido el 26 de julio pasado.
La decisión del Poder Ejecutivo Provincial está motivada en que algunos de los presuntos responsables del atentado contra el edificio de la Justicia, quienes fueron imputados por la fiscal Soly, son sujetos con frondoso prontuario delictivo y de extrema peligrosidad, y actualmente se encuentran en libertad.
En este marco, “ante la peligrosidad de algunas de las personas imputadas, corroborada a partir de un exhaustivo y pormenorizado trabajo de investigación de la Policía de Río Negro, el Estado Provincial entendió la necesidad de garantizar y resguardar la integridad física de la fiscal y su familia y prevenir cualquier tipo de represalia en su contra por las medidas dispuestas en el marco de la causa que lleva adelante”, se informó oficialmente.
Un parte oficial agrega que “el Gobierno de Río Negro se encuentra sumamente preocupado por la situación de la fiscal, habida cuenta que el trabajo paciente y profesional de la Policía permitió establecer la peligrosidad y la vinculación de las personas en cuestión con el hecho investigado”.
El Poder Ejecutivo Provincial abogó por el pronto esclarecimiento del incendio al edificio de Tribunales, un hecho que conmocionó a la sociedad en su conjunto por la gravedad institucional que reviste.
DeViedma
