Investigan al director de Tránsito por la compra de una camioneta

El Tribunal de Contralor llevó un caso de ética pública a la Justicia. Carlos Catini tendrá que responder por la titularidad compartida con el gerente general de Mi Bus.



Investigan al director de Tránsito por la compra de una camioneta

El Tribunal de Contralor le solicitó al fiscal Guillermo Lista que interviene en causas contra la administración pública, que investigue al director de Tránsito municipal, Carlos Catini, por la compra de una camioneta Toyota.

La transferencia definitiva de la camioneta aun estaría pendiente y la cédula azul de ese vehículo estaría a nombre de Catini, su esposa y Pedro Ponte, el gerente general de Mi Bus,

“Vinculaciones, en principio, objetables entre una determinada empresa y un funcionario encargado de su fiscalización”, puntualizó la última resolución del Tribunal de Contralor que habilitó la investigación judicial en este caso.

En los fundamentos, se detalló que “el director de Tránsito y su pareja habrían sido autorizados mediante la expedición de cédulas azules a conducir una camioneta Toyota que sería de titularidad de Balcan, sociedad sanjuanina relacionada con la explotación de servicios de transporte público, que a su vez estaría vinculada con la firma Mi Bus”. Agrega que “otro de los autorizados a la conducción de ese vehículo con cédula azul sería Pedro Ponte, gerente general de Mi Bus”.

Al ser consultado por este diario, Catini señaló que “todo se trata de una mentira y de algo malintencionado”. “La camioneta no es de Pedro Ponte ni de su socio, José Cano. Y el vehículo no tiene ninguna vinculación con Mi Bus. Estoy esperando ir a la justicia para demostrarlo. La pagué, no me la regalaron ni se trata de ninguna dádiva”, esgrimió.

El jefe de Gabinete, Marcos Barberis, aseguró que Catini tendrá 72 horas para responder un pedido de informes a fin de aclarar la situación. El plazo se vence a última hora del próximo lunes. “De acuerdo a su repuesta, evaluaremos si corresponde un sumario o no”, subrayó.

La vicepresidenta del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace, remarcó que “esta situación podría encuadrar en la ordenanza de ética pública en tanto no corresponde tener vinculación con empresas que deban ser fiscalizadas por el estado” y agregó “además, podría configurar un ilícito penal por el recibimiento de dádivas a cambio de algún favor. Este vínculo no abona a la transparencia de la gestión”.


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