A más de 3 años del crimen del soldado Pablo Córdoba, dos ex jefes militares de Zapala irán a indagatoria

Este martes 1 de septiembre, se cumplieron 39 meses de la muerte de Pablo Córdoba, el soldado voluntario que cumplía guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala y que fue hallado muerto con dos balazos en la cabeza. A más de tres años de la pérdida de su hijo, Natalia Uribe anunció que dos ex jefes militares serán indagados en la causa que investiga el asesinato de su hijo.

«Después de mucha lucha, de insistir, de preguntar, de reclamar y de no permitir que el nombre de Pablo quedara perdido en un expediente, el 9 de septiembre se indagará a dos personas que, para nosotros, debieron ser llamadas a responder mucho antes«, indicó a través de sus redes sociales.

Córdoba fue encontrado la madrugada del 1 de junio del 2023, cuando estaba por terminar su guardia en el mismo grupo de artillería donde en marzo de 1994 asesinaron a Omar Carrasco.

La causa está caratulada como «homicidio», y las pruebas científicas que demuestran la participación de terceras personas, pero, a más de tres años del caso, aún no hay sospechosos del crimen.

«Durante 39 meses hemos tenido que insistir para que Pablo no sea olvidado. Durante 39 meses hemos tenido que golpear puertas para que una investigación avance. Pero nosotros seguimos acá. Y vamos a seguir. Porque el tiempo no borra las responsabilidades. El tiempo no convierte las omisiones en algo menor. El tiempo no hace desaparecer las preguntas. Y mucho menos hace desaparecer a Pablo«, sentenció Uribe.

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Quiénes son los dos ex jefes militares que serán indagados por la muerte de Pablo Córdoba

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Las dos personas que irán a indagatoria son el teniente coronel Isidro Germán Green y el teniente coronel Rafael Enrique Lamas. Ambos fueron imputados por presunto encubrimiento en junio de 2024.

En el caso de Green -ex jefe del Grupo de Artillería 16 de Zapala-, fue quien llamó a la Policía Federal el 1 de junio del 2023 a las 7:10 de la mañana para informarle que un soldado «se habría quitado la vida», en referencia a Córdoba.

Por su parte, Lamas era el jefe de la Base de Apoyo Logístico de la ciudad y también fue superior jerárquico del padre de Pablo, suboficial principal Juan José Córdoba Salto.

Por su carácter de jefes, y en el marco de la investigación del homicidio del soldado, les pidieron que aporten las cámaras de vigilancia ubicadas en el interior del cuartel. Demoraron la respuesta, el pedido se reiteró, recién ahí aparecieron, y el resultado fue negativo: no habían registrado nada que sirviera para esclarecer el crimen.

«La investigación sostiene que ambos conocían la existencia de las cámaras de seguridad y que conocían también el tiempo limitado durante el cual las imágenes permanecían almacenadas. Sin embargo, las grabaciones correspondientes al período que interesaba investigar terminaron perdiéndose por sobregrabación», apuntó Uribe en una publicación en Facebook.

A Lamas lo trasladaron a Neuquén poco después de la muerte de Pablo. Es uno de los que visitó a los padres del soldado junto con el general Hugo Tabbia y el coronel Gustavo Francisco Chimeno en lo que fue considerado “un acto intimidatorio”. En cuanto a Green, le dieron el pase a fin del año pasado. Hubo una orden para impedir que Juan José Córdoba Salto se acerque al acto de despedida.

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Uribe volvió a apuntar contra el juez Greca

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El pasado 20 de marzo de 2025, el juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, terminó su subrogancia en el juzgado federal de Zapala y dejó la investigación del asesinato luego de 21 meses en los que sólo cosechó denuncias de la familia de Pablo Córdoba, críticas de la fiscalía y de la querella. En su tiempo frente a la causa, no encontró ni una sola pista sobre el o los autores del crimen. En su reemplazo asumió el juez Ezequiel Humberto Andreani.

«Si hablamos de responsabilidades, también queremos saber qué responsabilidad tuvo y qué hizo —o qué dejó de hacer— cada funcionario que intervino en esta historia. También esperamos algún día poder escuchar al juez Hugo Horacio Greca y obtener respuestas sobre su actuación en esta causa. Porque la Justicia que reclamamos no puede mirar solamente hacia un lado. Queremos saber qué hicieron quienes tenían responsabilidades. Queremos saber qué dejaron de hacer y sobre todo, saber por qué. Y queremos que cada uno responda por el lugar que ocupó y por las decisiones que tomó», destacó.

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Crimen de Córdoba: qué pasó con el excompañero que lo grabó y luego «eliminó» el video

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El primer movimiento de relevancia que registró el expediente cuando cambió de juez fue citar a declaración indagatoria a el exsoldado Braian Abel Jara, excompañero de Córdoba que incluso lo vio con dos disparos en la cabeza y hasta lo filmó, aunque luego borró el video.

En su momento, Uribe relató a Diario RÍO NEGRO que el exsoldado fue citado por falso testimonio, pero recordó que antes lo habían imputado por encubrimiento, pero debido a que «se hizo mal la formulación», todo quedó anulado y fue sobreseido.

Jara tuvo un rol que siempre dejó dudas, y para Natalia su responsabilidad debe ser investigada más a fondo. Era compañero de Pablo, llegó primero al lugar cuando se escucharon los balazos y lo filmó agonizando.

Pese a que compartió ese video con varias personas, todas dieron excusas distintas y nadie lo entregó a los investigadores. El propio Jara lo borró y luego argumentó que perdió o le robaron el teléfono.

Pese a las contradicciones, el juez Greca decidió no secuestrárselo. Mientras tanto, en su momento Natalia explicó que «las pocas veces que me lo crucé (a Jara) en Zapala se me rió en la cara».

Finalmente, no hubo avances sobre su indagatoria. «Es desesperante, es una burla», agregó meses después a este medio. «Se van a cumplir 3 años y seguimos dando vueltas con un perejil. Todavía no me dicen quién mató a mi hijo», sentenció.

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Qué se sabe del asesinato de Pablo Córdoba

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Según la investigación del periodista Guillermo Berto para Diario RÍO NEGRO, Pablo cumplía una guardia que no le correspondía el 1 de junio del 2023 a las 6 de la mañana cuando recibió dos disparos en diferentes sectores de la cabeza. Los proyectiles no se pudieron recuperar, y se desconoce el calibre. En sus manos no tenía restos de todos los compuestos químicos de la pólvora, y su fusil FAL no tiene huellas dactilares.

Según la autopsia, confirmada por los médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cualquiera de los dos disparos tuvo entidad suficiente para provocarle la muerte; y que después de recibir el primer balazo, el joven quedó inhabilitado para realizar movimientos conscientes.

os informes de expertos que analizaron el fusil FAL del soldado Pablo Córdoba descartan la hipótesis del suicidio o del disparo accidental.

Pese a que no se sabe de qué calibre fue el arma con la cual le dispararon, los estudios se concentran sobre el FAL que la víctima tenía a su lado, o sobre su cuerpo (los testigos se contradicen entre sí).

Se trata de un arma de 119 centímetros de largo total, de los cuales 52 corresponden al cañón. Carga municiones calibre 7.62, de alto poder destructivo.

El fusil tiene un selector de tres posiciones: seguro, en la cual está bloqueada; repetición, con la cual se ejecuta tiro a tiro, y automático, que permite disparar ráfagas estilo ametralladora.

El arma fue encontrada con el selector en repetición. Un detalle relevante es que para efectuar un segundo disparo se debe liberar el gatillo por completo para que vuelva a su posición original. Es decir, recién entonces se lo puede utilizar para un segundo disparo. A esto hay que sumarle que, según el resultado de la autopsia, Córdoba no pudo efectuar movimientos conscientes después de recibir la primera herida.

Si bien aún no hay sospechosos del crimen dentro del Ejército, a fines del año pasado surgió una pista tenue: en el cargador del fusil detectaron una huella digital parcial. A principios de febrero, Uribe relató a este medio que los peritos comenzaron a trabajar sobre esta pista, la cual había sido descartada en su momento. «Está confirmado que esa huella no es de Pablo», afirmó Natalia.

Según figura en el expediente, un peritaje «constató que el arma no tenía fallas y para poder extraer el cargador debía ser por la intervención de una persona mediante la utilización de los mecanismos propios del fusil. Es decir ni un golpe, ni la gravedad podía efectuar el desprendimiento del cargador».

La pericia realizada por Gendarmería -luego desplazada por otras fuerzas de seguridad- señaló en su momento que en el cargador “se realizó la búsqueda de huellas latentes, mediante método físico, y se hizo visible un rastro papilar en forma parcial; el que no es apto para cotejo por no reunir los requisitos de integridad y nitidez».