Acusado de lesiones graves en Bariloche rechaza a su defensor y desató un insólito debate

Está imputado por un hecho de lesiones graves, no tiene diálogo con el abogado defensor y lo acusó de pedirle plata. El juez ordenó realizarle una nueva pericia psiquiátrica.

Por Redacción

Acusado de lesiones graves en Bariloche rechaza a su defensor y desató un insólito debate

Una situación por completo inusual se suscitó en una audiencia de control de acusación realizada en Bariloche, cuando el acusado insistió en su resistencia a aceptar el asesoramiento del defensor oficial que le asignaron, lo cual originó un intercambio desconcertante entre las partes que se saldó con la orden del juez para que lo sometan a una junta médica psiquiátrica a fin de determinar si puede continuar sometido al proceso.

El hombre enfrenta una causa por lesiones graves, iniciada hace ya dos años, por haber atacado a otro en la vía pública armado de un escobillón, con el cual le causó serias heridas en la cabeza y en el rostro. En etapas anteriores ya había aceptado su responsabilidad y accedió a una suspensión del juicio a prueba, pero incumplió las pautas y perdió ese beneficio.

En la audiencia realizada ayer el acusado (de 50 años) se negó a sentarse junto a su defensor, Nelson Vigueras, se mantuvo todo el tiempo de pie, brindó sus datos, y le repitió al juez una y otra vez que no quería ser representado por Vigueras. “No estoy de acuerdo, me pidió plata y no le puedo pagar”, explicó.

El defensor dijo que quería aclarar la cuestión, admitió que no podía hacer su trabajo, que el diálogo era imposible, aseguró que no le había pedido dinero y que la confusión podía deberse a que en la suspensión del juicio a prueba una de las medidas que se evaluó era que el imputado aceptara abonar una compensación económica a la víctima.

El juez Gregor Joos busçó tranquilizar al imputado, le aseguró que la defensa pública es gratuita y nadie le iba a cobrar. Pero la hostilidad del hombre no cesó, y dio a entender que tampoco aceptaría a otros profesionales del ministerio público. Habló mal de dos defensoras que intervinieron en el caso y que no pudieron hacer su tarea por la dificultad en el vínculo.

El fiscal Marcos Sosa Lukman dijo que era “difícil avanzar” en esas condiciones y el control de acusación -que debía cerrar la investigación penal y fijar las pautas para un futuro juicio oral-, quedó frustrado a la espera de resolver el incidente.

Ls garantías afectadas y la necesidad de un nuevo test

Sosa Lukman entendió que continuar en esas condiciones sería “un agravio constitucional”, por la afectación del derecho de defensa. También el abogado querellante señaló la necesidad de redefinir la situación, pidió “ir a juicio” en un contexto de nromalidad y dijo que la cuestión debía ser aclarada para que no quede como precedente, porque “si no, pelearse con el defensor sería un recurso válido para postergar el juicio. Nos hacemos los locos y cerramos todo”.

El defensor Vigueras recordó que en etapas anteriores el hombre había demostrado su situación de indigencia y tuvo también entrevistas con un psicólogo y con la psiquiatra forense, Verónica Martínez, quienes dejaron sentado que el imputado presentaba “ausencia de confianza en su defensor”, y que exhibía también “conductas agresivas e impulsivas de larga data”, pero comprendía sus actos y podía ser sometido a juicio.

Vigueras dijo que la situación actual puede haber cambiado y ameritaba una nueva junta médica interdisciplinaria y que tenía “serias dudas” sobre la capacidad del hombre de enfrentar el juicio. Citó artículos del código penal y el código procesal según los cuales una persona puede ser imputable por su condición psíquica al momento de cometer el hecho, pero luego no lo es cuando llega a juicio.

El juez Joos aceptó la propuesta y ordenó suspender el control de acusación y dar nueva intervención al cuerpo médico forense para que se realice una reevaluación “amplia” y actualizada sobre la salud mental del acusado. Resaltó que era el camino para garantizar el derecho de defensa en juicio y que “no tiene sentido” continuar con el proceso sin los exámenes solicitados, por el riesgo de futuras nulidades.


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