«Burra», «vaga», «gorda», las expresiones que según Gerez usaba el juez Villegas para referirse a sus empleadas

El fiscal general presentó una segunda acusación contra el magistrado de Rincón de los Sauces por violencia laboral y de género. Pidió al jurado que se haga un solo juicio con las dos causas que tiene abiertas. La máxima sanción es la destitución.

«Se encuentra suficientemente acreditado que Sebastián Villegas reiteradamente vertía expresiones difamatorias respecto del personal a su cargo», aseguró el fiscal general, José Gerez, en la segunda acusación que presentó contra el juez civil de Rincón de los Sauces por mal desempeño en sus funciones, y pidió que sea expulsado del Poder Judicial. Sostuvo que ejerció violencia laboral en forma sistemática contra una funcionaria, desde el inicio de su relación laboral hasta su traslado.

Al magistrado lo denunció la prosecretaria del juzgado, Soledad Garayo, por acoso sexual y violencia psicológica ocurrida durante los años 2017, 2018 y parte de 2019. El Tribunal Superior de Justicia remitió el caso a la comisión especial de jurado de enjuiciamiento. El organismo dijo que había elementos para enjuiciar a Villegas y luego el jurado confirmó esta decisión. Gerez ofreció prueba y la defensa hizo su descargo.

Esta fue la primera causa que se tramitó. En la segunda, la comisión especial desestimó la denuncia de otra funcionaria, pero el jurado consideró en diciembre pasado que debía avanzar. Fue por eso que Gerez formuló esta acusación la semana pasada.

El fiscal afirmó que el juez sobrecargó de tareas a la denunciante. Planteó que en el período comprendido entre 2017 y 2021 la empleada «generó 7856 actuaciones, de las cuales 1291 fueron creadas o editadas en un horario posterior a las 16 horas, como surge del informe extraído del sistema por el Departamento de Informática del Poder Judicial».

«Se encuentra acreditado que el enjuiciado ejerció una presión desmedida sobre el personal del juzgado a su cargo, en función del listado de “atraso” en el despacho de expedientes que surgía del sistema informático, adjudicando a unos la tarea de controlar el atraso de otros», agregó Gerez.

En la acusación marcó que «algunos de los expedientes que figuraban en atraso por encontrarse “en despacho de secretaria”, en realidad se hallaban fisicamente en el despacho del juez a la espera del dictado de sentencia».

Las declaraciones de quienes trabajaban en el juzgado, recolectadas por la fiscalía, indican que el juez se refería «de manera inadecuada» a funcionarias y empleadas ante otras personas, «cuando aquellas no se encontraban presentes, haciendo uso de términos como «burra», «vaga» y «gorda».

Respecto a la denunciante le decía al resto del personal que tuviese cuidado con ella, que era muy conflictiva. Las mismas palabras usó para referirse a Garayo.

«Agentes y funcionarias definen el clima laboral del juzgado como “horrible”, con ausencia de directivas claras, en el que había que estar permanentemente “alerta», señaló Gerez. En cuanto a la denunciante Villegas le comunicó en una reunión: «si esto no te gusta, ya sabes lo que tenes que hacer», con el fin de que se fuera del juzgado.

La funcionaria vio afectada su salud y terminó con «el otorgamiento de una extensa licencia psicológica por presentar síntomas compatibles con cuadro de “burnout». Cabe destacar que tal síndrome usualmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal».

Gerez mencionó que Villegas «configuró un claro escenario de violencia laboral y de género, incompatible con los estándares éticos y morales que deben regir la conducta de un magistrado. A su vez, la prueba hasta aquí reunida revela, además, que el enjuiciado carece de las habilidades gerenciales para conducir el organismo a su cargo».

Entre los 22 testigos ofrecidos por el fiscal está el secretario general del sindicato Sejun, Edgardo Chervavaz.


La fecha para jury


El jurado de enjuiciamiento es el tribunal que la Constitución prevé para determinar si un juez debe ser sancionado por mal desempeño en sus funciones. Tiene siete integrantes que deciden si el magistrado es absuelto, suspendido o destituido.

Gerez le pidió justamente al jurado hacer un solo juicio por los dos casos. En el primer proceso ya están en condiciones de acordar la prueba y la fecha de las audiencias. En el segundo falta que la defensa haga su descargo.

En cuanto al lugar, este tipo de procesos se realizan en el recinto de la Legislatura, que tras la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, no tendrá demasiada actividad ya que la mayoría de los diputados y diputadas están abocadas a la campaña electoral.

Quienes integran el jurado son: Evaldo Moya, Alfredo Elosú Larumbe, Germán Busamia (TSJ), María Laura Du Plessis (MPN), Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos), Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad (abogados).


Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Adherido a los criterios de <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios