Causa por los alimentos en Ezeiza: la Justicia allanó la oficina del titular del Servicio Penitenciario

En el marco de una investigación sobre la calidad y contratación de los alimentos destinados a las personas privadas de su libertad, la Justicia federal de Lomas de Zamora ejecutó un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida, dispuesta por el juez Federico Villena, busca determinar si existió una red de empresas fachada para eludir sanciones judiciales y suministrar comida no apta para el consumo humano.

La investigación se originó tras denuncias sobre el estado de los alimentos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Peritajes realizados por la ANMAT confirmaron oportunamente la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles superiores a los permitidos, lo que derivó en la prohibición de operar para una de las firmas proveedoras.

Las sospechas sobre el esquema de contratación en el Sistema Penitencia Federal

El magistrado investiga si, tras la sanción a la empresa original (Foodrush), se utilizó a otra firma (Bio Limp) como pantalla. Según los elementos recolectados en la causa, la nueva prestataria habría utilizado la misma logística, personal y camiones que su predecesora, facturándole incluso sumas millonarias a la empresa inhabilitada.

Durante el operativo en las oficinas del SPF, se produjo un incidente que quedó registrado en las actas judiciales: Martínez declaró haber extraviado su teléfono móvil esa misma mañana.

Sin embargo, un informe técnico de las compañías telefónicas indicó que el dispositivo había impactado en una antena de la zona de Barracas apenas una hora antes del inicio del allanamiento.

Contexto institucional y apoyo del ministerio de Seguridad

Fernando Martínez se encuentra al frente del SPF desde marzo de 2024. Su gestión coincidió con el traspaso de la fuerza de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Seguridad.

Otro punto bajo análisis en el expediente es el uso por parte del funcionario de un vehículo que se encuentra a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada actualmente prófugo.

Pese a que la fiscalía solicitó la nulidad de algunas medidas, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, manifestó su colaboración con el proceso judicial. El objetivo del juez Villena, según consta en la investigación, es desarticular posibles estructuras irregulares dentro del sistema de contrataciones penitenciarias.