Vialidad: los abogados de Cristina Kirchner aseguraron que una nueva prueba puede cambiar el caso

Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, aseguraron que una nueva prueba incorporada a la causa conocida como Los Cuadernos demuestra que la sentencia en el caso Vialidad se basó en información falsa. El planteo fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como parte de la estrategia internacional de la defensa.

La defensa de Cristina llevó a la ONU una nueva prueba contra la condena en Vialidad

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“La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa”, afirmó Beraldi durante una conferencia de prensa. Según explicó, el hallazgo surgió el 6 de agosto, cuando un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad declaró como testigo en la causa Los Cuadernos y aportó una base de datos sobre el destino de los fondos de un fideicomiso.

De acuerdo con Beraldi, esa documentación muestra que, en el marco del artículo 54, se realizó una inversión de unos 2.000 millones de dólares y que al empresario Lázaro Báez se le había asignado el 1%. “La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso”, sostuvo el abogado, quien confirmó que la prueba fue enviada a Naciones Unidas.

Valim, abogado brasileño que también integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, consideró que la documentación representa “un giro decisivo en el caso” y afirmó que “no hay ningún fundamento fáctico para condenarla”.

La defensa había presentado el 29 de julio una comunicación individual ante el organismo internacional. Entre las medidas cautelares solicitadas figura el levantamiento de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una condición que mantiene abierta para Cristina Kirchner la posibilidad de competir electoralmente en 2027.

Los reclamos de la defensa de Cristina Kirchner

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El planteo técnico cuestionó la legalidad del fallo al afirmar que se le adjudica responsabilidad por actos administrativos que no le corresponden constitucionalmente. En ese sentido, los abogados puntualizaron que la condena tomó como base la firma del Decreto 54/2009, una norma que continúa vigente, lo que impidió desplegar una defensa adecuada durante el juicio.

Entre las medidas cautelares solicitadas a las Naciones Unidas, la representación legal de Kirchner pidió la suspensión de la inhabilitación perpetua por considerarla arbitraria. También exigieron la restitución de la integración legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que su actual conformación reducida afecta el derecho a contar con un recurso judicial efectivo.

Respecto a las condiciones de detención, el escrito incluye un pedido explícito para modificar el régimen de prisión domiciliaria que cumple la exjefa de Estado. La petición contempla el retiro de la tobillera electrónica, la flexibilización de las visitas y el acceso al aire libre, además del cese de restricciones y sanciones motivadas por manifestaciones de terceros frente a su residencia.

El equipo legal insistió en que el conjunto de irregularidades descriptas configura una vulneración sistemática de los tratados de derechos humanos suscriptos por la Argentina. Con esta acción en el fuero internacional, la defensa agotará las instancias supranacionales buscando dejar sin efecto los alcances del fallo dictado por la justicia federal.

Las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

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Artículo 25 (Derecho a votar y ser elegido): Denuncian que el proceso buscó la proscripción electoral de la expresidenta y que la inhabilitación perpetua es una restricción indebida de sus derechos políticos.

Artículo 14 (Derecho a un juicio justo): Señalan que se le atribuyeron actos administrativos fuera de su competencia constitucional y que la sentencia se fundó en un decreto aún vigente, limitando su defensa.

Artículo 14.1 (Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial): Cuestionan la asignación de la causa por irregularidades en los jueces naturales y vinculaciones personales entre magistrados, fiscales y dirigentes opositores.

Artículo 14.2 (Presunción de inocencia): Afirman que desde el inicio de las actuaciones judiciales se operó bajo una presunción de culpabilidad sobre la imputada.

Artículo 14.3 (Tiempo y medios para la defensa): Sostienen la incorporación de pruebas provenientes de otros procesos sin la posibilidad efectiva de ejercer contradicción.

Artículo 14.5 (Revisión de la condena): Argumentan que la Cámara de Casación no realizó un examen real ni exhaustivo de los agravios presentados por la defensa.

Artículo 14.7 (Principio de ne bis in idem): Indican que 49 de las 51 obras públicas juzgadas ya habían sido objeto de investigaciones anteriores cerradas por sobreseimiento o archivo.

Artículo 2.3 a) y b) (Derecho a un recurso efectivo): Sostienen que la conformación actual de tres miembros en la Corte Suprema impide obtener un examen independiente dentro del sistema judicial interno.

Con información de Ámbito Financiero.