Causa Viento Sur: dos exministros de Neuquén y particulares, a un paso del juicio por desviar fondos
Las maniobras bajo investigación, ocurridas entre 2022 y 2023, habrían generado un perjuicio estimado en $1.208.657.600 en las arcas de la Provincia. Cómo es la teoría del caso que presentará la Fiscalía.
La causa por el desvío de fondos públicos a través de la cooperativa Viento Sur está a punto de dar un paso clave en Neuquén. El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la audiencia de control de acusación para cerrar la investigación y abrir la etapa de juicio.
El expediente tiene ocho imputados, entre exfuncionarios provinciales y particulares vinculados con la organización mencionada y otras entidades de la sociedad civil.
Según se informó este jueves, la fiscal del caso Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, le pidió a la Oficina Judicial que fije la audiencia.
La solicitud contó con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, organismo que interviene como querellante en el caso y que presentó la denuncia inicial.
La teoría del caso, que tiene la adhesión de la querella, involucra a ocho personas que fueron imputadas por el delito de administración fraudulenta.
En calidad de coautores fueron acusados los exministros provinciales Abel Di Luca y Germán Chapino, además de otros tres imputados que fueron identificados por el MPF como D.M, S.E.B y L.L.V. Por su parte, como partícipes necesarios, quedaron imputados tres personas: B.R.V.N, F.G.S y M.G.S.
Los dictámenes «olvidados»
El caso que presentará la fiscalía sostiene que hubo una actuación coordinada de exfuncionarios y particulares para configurar un esquema de desvío de fondos públicos que frustró la finalidad de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que estaba destinado a acciones de capacitación para integrantes de la sociedad civil.
Esto ocurrió entre 2022 y 2023, generando un perjuicio estimado en $1.208.657.600, según valores históricos.
El programa por el cual los fiscales creen que se hacía la maniobra establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso como la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción y la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.
Los pagos se fueron realizando contra la opinión de la Contaduría General de la Provincia, que emitió dictámenes desfavorables «que fueron ignorados«, afirmaron desde el MPF.
Causa Viento Sur: qué hacía cada uno según la Fiscalía
Los acusadores sostienen que los exministros autorizaron los pagos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar los requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes.
En cuanto a los integrantes de la cooperativa, se les reprochó haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones con comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas.
A las tres personas restantes, B.R.V.N, F.G.S y M.G.S, por su parte, se las acusó de recibir fondos sin contraprestación alguna, integrando el esquema de disposición patrimonial que permitió consumar el perjuicio.
El juicio, que desarrollará con un tribunal colegiado, se anticipa como complejo. En principio, el MPF prevé convocar a alrededor de 80 personas como testigos.
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