Chocó y provocó la muerte de un policía en la Ruta 22: lo imputaron, pero quedó en libertad
La Justicia imputó a un conductor que manejaba alcoholizado por un choque fatal en la Ruta 22, a la altura de Cervantes, donde murió un joven policía de Río Negro. El acusado tenía 2,06 g/l de alcohol en sangre en el siniestro. No se acreditaron riesgos procesales y el hombre recuperó la libertad.
La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un hombre acusado de provocar un choque fatal en la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes, en el que murió un joven policía de la provincia que circulaba en motocicleta. El imputado, Daniel Alberto Sánchez, conducía un automóvil Volkswagen Gol cuando ocurrió el siniestro durante la madrugada del 15 de marzo. Según la fiscalía, manejaba bajo los efectos del alcohol y a una velocidad superior a la permitida en ese tramo de la ruta.
El choque fatal en la Ruta 22
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 1159 de la Ruta Nacional 22. De acuerdo con la reconstrucción inicial presentada por la fiscalía, Sánchez circulaba en sentido oeste-este cuando se produjo la colisión.
En el otro sentido de circulación viajaba el motociclista Ángel Lautaro Monsalve, un joven efectivo de la Policía de Río Negro, quien se desplazaba por la misma ruta en su motovehículo.
Por motivos que aún se investigan, la motocicleta invadió el carril contrario y se produjo un impacto frontal excéntrico contra el sector delantero izquierdo del automóvil.
Como consecuencia directa del choque, Monsalve sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.
Conducción con alcohol y exceso de velocidad
Durante la audiencia de formulación de cargos, las fiscales Natalia Pascual y Teresa Giuffrida sostuvieron que el conductor del automóvil manejaba de manera imprudente y antirreglamentaria.
Según detallaron, Sánchez circulaba a aproximadamente 100 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 80 km/h.
Además, el test de alcoholemia realizado a las 6:20 arrojó un resultado de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior al límite permitido por la legislación vigente.
La fiscalía sostuvo que esa conducta incrementó el riesgo del siniestro y constituyó una violación a las normas de tránsito establecidas en la Ley Nacional de Tránsito.
Evidencias reunidas por la fiscalía
Entre las pruebas mencionadas durante la audiencia se encuentra el relevamiento del lugar del hecho realizado por el Gabinete de Criminalística, fotografías del sitio del siniestro y del vehículo involucrado, además de testimonios de testigos.
Uno de los entrevistados fue el acompañante del automóvil conducido por Sánchez, quien relató que ambos regresaban de una peña folclórica realizada en un salón de Roca cuando ocurrió el impacto.
También se incorporó el testimonio de un hombre que llegó al lugar tras el accidente y observó la escena antes de la llegada del personal policial.
Asimismo, los investigadores destacaron que el tablero del automóvil quedó detenido marcando una velocidad de 100 kilómetros por hora, mientras que en la zona existe señalización que establece un máximo de 80 km/h.
La fiscalía indicó que aún restan realizar pericias accidentológicas que permitirán reconstruir con mayor precisión cómo ocurrió el choque.
La acusación penal
Con base en estos elementos, el Ministerio Público Fiscal imputó a Sánchez el delito de homicidio culposo agravado por conducir un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, con un nivel superior al permitido.
La calificación legal se encuadra en el artículo 84 bis del Código Penal, que agrava la responsabilidad cuando el conductor provoca una muerte mientras maneja alcoholizado.
Durante la audiencia, la defensa oficial, representada por la abogada Flavia Rojas, manifestó que por estrategia procesal no se opondría en esta etapa ni a la formulación de cargos ni a la calificación legal.
También indicó que el imputado decidió no declarar debido al estado emocional en el que se encuentra tras lo ocurrido.
Medidas judiciales y libertad
El juez de garantías Gustavo Quelin tuvo por formulados los cargos y dispuso un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
La fiscalía no solicitó prisión preventiva al considerar que no existen riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Según se explicó en la audiencia, Sánchez cuenta con domicilio fijo, reside desde hace años en la zona, trabaja en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y tiene una hija a la que mantiene económicamente.
Además, se destacó que permaneció en el lugar del hecho, colaboró con la investigación y no se resistió a la extracción de sangre ni a la realización del test de alcoholemia.
En ese contexto, el juez dispuso que el imputado recupere la libertad una vez finalizados los trámites administrativos, pero le impuso como medida cautelar la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo automotor durante cuatro meses tal cual lo pidió la fiscalía.
Durante ese período también deberá mantener actualizado su domicilio y comunicar cualquier cambio a la fiscalía y a su defensa.
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