El TSJ de Neuquén revocó la prisión domiciliaria al condenado por abusar 19 años de la hija de su pareja
En un rápido despliegue judicial y policial, se hizo efectiva la detención y el traslado de J. R., el hombre condenado por un jurado popular por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
En un rápido despliegue judicial y policial, se hizo efectiva la detención y el traslado de J. R., el hombre condenado por un jurado popular por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La medida se concretó luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fallara a favor del pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) para revocar el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozaba el imputado. La víctima es la hija de su pareja y sufrió los ataques sexuales por 19 años.
El operativo se materializó hoy por la tarde y estuvo encabezado por el fiscal del caso, Manuel Islas, en conjunto con personal de la Policía provincial. Las comisiones acudieron a la vivienda donde el condenado cumplía la detención domiciliaria, procedieron a su arresto y lo trasladaron de inmediato hacia una comisaría de la ciudad de Neuquén, donde permanecerá alojado bajo la modalidad de prisión preventiva.
Marcha atrás a la domiciliaria
El procedimiento fue la consecuencia directa de la notificación que recibió el MPF sobre el fallo emitido por la Sala Penal del TSJ, integrada por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.
Con esta resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto lo dictaminado previamente por un Tribunal de Impugnación —instancia que le había otorgado el arresto domiciliario al imputado— y ratificó la prisión preventiva en cárcel común que originalmente había dispuesto un juez de garantías y confirmado un Tribunal Revisor.
La ofensiva judicial para revertir la morigeración de la pena se había consolidado formalmente ayer durante una audiencia. En esa instancia, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Manuel Islas sostuvieron los argumentos del pedido de revocatoria ante el TSJ, requerimiento que contó con el acompañamiento explícito del abogado querellante particular, Carlos Caroselli.
Con este nuevo revés judicial para la defensa de J. R., el caso avanza hacia la ejecución firme de la pena, manteniéndose el criterio fiscal de que el imputado debe esperar el cumplimiento efectivo de su condena privado de la libertad en un establecimiento policial y no en su residencia particular.
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