Entraderas en el Alto Valle: ratificaron libertad con tobillera para dos acusados de integrar una asociación ilícita

En una audiencia de revisión solicitada por el Ministerio Publico Fiscal en Roca, el juez interviniente ratificó la libertad de dos hombres acusados de integrar una peligrosa asociación ilícita dedicada a entraderas en la región. Tras una larga discusión, la resolución del magistrado de revisión, Alejandro Pellizzón, dejó firme la medida adoptada la semana pasada por el juez de garantías Gustavo Quelin, permitiendo que dos imputados eviten la prisión preventiva efectiva. Ambos deberán cumplir estrictas pautas de conducta y portar una tobillera electrónica de monitoreo permanente.

---

El conflicto por la rueda de reconocimiento

---

El núcleo de la controversia surgió a partir de una medida de prueba que aún no se concretó: la rueda de reconocimiento de personas. La fiscalía, representada por Belén Calarco y Verónica Villarruel, argumentó que la diligencia se suspendió en pos de proteger la identidad de una persona que se acogió al programa de protección de testigos.

Por su parte, el defensor penal público Chirinos rechazó la suspensión de esa medida. Subrayó que él pidió la rueda de reconocimiento en dos oportunidades y que fue la propia fiscalía la que, teniendo dos meses de plazo, no logró traer a los testigos ni avanzar con la medida.

---

El rol de la evidencia telefónica

---

Para intentar revertir la libertad de los acusados, el MPF describió los informes de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel). Detalló que en los teléfonos de otros coimputados, se encontraron fotografías de los domicilios de sus socios en la asociación donde se veían vehículos presuntamente utilizados en los robos. «Estos vehículos se sitúan por fotografías de estos dispositivos celulares en comunicaciones de uno de los imputados con ambos acusados», afirmó la fiscalía para demostrar un incremento en el grado de culpabilidad.

Sin embargo, estas pruebas fueron cuestionadas por la defensa. Chirinos explicó que los imputados son «amigos de toda la vida» y que la presencia de un auto blanco en un patio no prueba la participación en un robo calificado. Además, la defensora del otro imputado, Carina Tesán, argumentó que su cliente no tiene vinculación directa con los teléfonos peritados y que su situación personal es crítica: es el único sostén de su pareja, quien padece una enfermedad terminal.

«El juez de garantías ponderó que no existía un riesgo o un entorpecimiento en la investigación porque los elementos ya se encuentran secuestrados», recordó la abogada.

---

Decisión final

---

Al momento de resolver, el juez Pellizzón fue claro en diferenciar la situación de cada uno de los diez adultos imputados en la causa. Si bien reconoció la gravedad de los hechos -robos donde las víctimas fueron atadas con los cordones de sus zapatillas o golpeadas al llegar a sus casas-, separó la validez de la formulación de cargos de la necesidad de la prisión preventiva.

El magistrado recordó que en diciembre se otorgaron dos meses de plazo específicamente para realizar las ruedas de reconocimiento, y que ese tiempo expiró sin resultados por decisiones estratégicas de los acusadores.

El juez ratificó que, aunque el riesgo de entorpecimiento persiste de manera teórica, la tobillera electrónica es una medida suficiente y menos gravosa para neutralizarlo. Asimismo, advirtió que cualquier movimiento sospechoso o acercamiento a las zonas prohibidas —como el domicilio de las víctimas— provocará el pedido inmediato de detención efectiva.