Giro en la causa por la mansión de Pilar: la Corte Suprema ordenó cambiar de manos una investigación clave de la AFA

Por unanimidad, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución que había enviado el expediente al Juzgado Federal de Campana y dispuso su remisión a los tribunales porteños de Comodoro Py. Los ministros señalaron que la pesquisa excede la compra de la propiedad de Villa Rosa y abarca presuntas maniobras societarias y financieras concentradas en la Ciudad de Buenos Aires.

Redacción

Por Redacción

Fotos; Gentileza.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves 19 de noviembre de 2026 poner fin al conflicto de competencia en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la adquisición de una propiedad en Pilar y con la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Mediante un fallo unánime firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y ordenó remitir el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de Comodoro Py, encabezado por Daniel Rafecas. Justo este mismo día, tomó estado parlamentario su pliego propuesto por el gobierno de Javier Milei como vocal en la Vocalía N°7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La decisión hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general ante Casación, Mario Villar, y sostenido ante la Corte por el procurador general interino, Eduardo Casal, contra la resolución que había favorecido el planteo de las defensas. En el expediente se investiga la compra de una quinta ubicada en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, realizada a través de la firma Real Central SRL por Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, junto con la presunta existencia de una operatoria financiera de mayor alcance atribuida a dirigentes de la AFA, entre ellos su tesorero, Pablo Toviggino, y su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia.

Para fundamentar el traslado definitivo del expediente a los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces de la Corte sostuvieron que la Cámara de Casación afectó de «modo severo e inequívoco» la garantía de juez natural, incurrió en una «grosera» violación a las reglas de competencia y se apartó de las constancias de la causa. Según el fallo, reducir la jurisdicción territorial al lugar donde se encuentra ubicado el inmueble resulta insuficiente frente a una hipótesis delictiva que involucra decisiones societarias, movimientos bancarios y circuitos financieros desarrollados en la capital del país.


Los argumentos de la Corte Suprema y los cuestionamientos a Casación


En su resolución difundida por Infobae y La Nación, el máximo tribunal subrayó que el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal reprime una pluralidad de conductas —como convertir, transferir, administrar, vender y gravar bienes de origen ilícito— que en maniobras complejas se ejecutan mediante una sucesión de actos jurídicos y económicos. «No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales«, afirmaron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los magistrados destacaron que «a medida que avanzó la pesquisa, el objeto procesal fue ampliándose mediante sucesivos requerimientos de instrucción fiscal, a partir de nuevas denuncias y de los elementos que fueron incorporándose al expediente». En ese marco, precisaron que la investigación comprende la «constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos», además de «la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero».

Al analizar los puntos de conexión territorial, la Corte enumeró cuatro elementos que vinculan el caso con la Ciudad de Buenos Aires: «Real Central SRL, sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, registraba su sede social en esta ciudad»; el contrato de compraventa de la quinta se celebró en un domicilio porteño; la AFA tiene su sede en Viamonte 1366/76, donde se habrían tomado las decisiones de administración y disposición de fondos; y los domicilios de las demás personas y empresas denunciadas corresponden también al ámbito capitalino.

«El Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación. La vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito, pero no sirve para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero«, concluyó la sentencia.

El fallo coincidió con el dictamen del procurador Eduardo Casal, quien había advertido que «no existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana, pues que allí se encuentre un inmueble cuya adquisición se sospecha que pudo ser una inversión de dinero proveniente de un delito sólo podría justificar la intervención del juez del lugar si, a falta de mayor información sobre el hecho, allí hubiera comenzado el trámite por denuncia o prevención».

Asimismo, la Corte dirigió duros reproches contra los camaristas de la Sala I de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña —quienes habían fallado en mayoría con la disidencia de Alejandro Slokar— por haber ignorado los planteos del Ministerio Público Fiscal.

«El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial, mientras que el juez Borinsky, tras aludir a ‘las alegaciones efectuadas por el Fiscal General (…) afirmó que ‘de su lectura se advierte que el propio Fiscal admite que las supuestas circunstancias allí alegadas ‘…no se circunscriben al recurso aquí presentado por la defensa de Pantano y Conte’, motivo por el cual, en tanto excede el objeto de la presente incidencia de competencia, no corresponde efectuar consideraciones al respecto», indicaron.

Para la Corte, «la Cámara de Casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos».


El alcance de la causa, los expedientes conexos y el futuro de Rafecas


Con el avance de los requerimientos fiscales, el objeto procesal de la pesquisa incorporó diversos bienes y operaciones financieras bajo análisis. Además de la propiedad de Villa Rosa —un predio de 105.000 metros cuadrados tasado en US$ 17 millones—, la investigación abarca 54 vehículos inscritos a nombre de Real Central SRL —entre ellos una flota de autos de colección valuada en US$ 4 millones—, caballos árabes y de pura sangre, otros inmuebles, sociedades constituidas en distintas jurisdicciones y transferencias internacionales.

Durante la instrucción también se incorporó como dato que gastos de mantenimiento de la quinta y de los automóviles habrían sido abonados mediante una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, cuyos resúmenes mensuales llegaban a la sede de la calle Viamonte.

La resolución de este jueves se suma a otros dos fallos dictados recientemente por la Corte Suprema que concentraron en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires las investigaciones sobre el manejo administrativo y contable de la entidad rectora del fútbol argentino.

El pasado 5 de noviembre de 2026, en el expediente «Gillette, Gabriela Érica y otros s/ incidente de competencia», el máximo tribunal declaró la competencia de la justicia nacional en lo criminal y correccional porteña para investigar presuntas irregularidades en la administración de fondos de la AFA y rechazó una inhibitoria planteada por el juzgado federal de Campana, en línea con lo sostenido previamente por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional respecto de que el asiento real de la gestión de la asociación está en Buenos Aires.

En un tercer expediente, «Tapia, Claudio Fabián y otro s/ incidente de competencia», iniciado a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por presunto balance falso en los estados contables de la AFA, la Corte también asignó la pesquisa a la justicia ordinaria porteña al considerar que las omisiones denunciadas se vinculan con los mismos movimientos financieros de la causa Gillette.

Si bien el Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py reasumirá el trámite del expediente por la quinta de Pilar, la permanencia de Daniel Rafecas al frente de la investigación resulta incierta. El magistrado —quien al inicio de la causa ordenó los allanamientos en Pilar donde se secuestraron los automóviles y elementos con el nombre de Toviggino, como un bolso y una placa homenaje— fue propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Cámara Nacional de Casación Penal, cuyo pliego ingresó al Senado el mes pasado. En caso de que la Cámara alta apruebe su designación, Rafecas dejará su juzgado de primera instancia y un colega de Comodoro Py asumirá como subrogante en el expediente.


Cronología del caso: de la denuncia inicial a nueve meses de disputa judicial


El expediente se inició a fines de 2025 a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe contra Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, por la adquisición de la quinta de Villa Rosa mediante la sociedad Real Central SRL. La presentación judicial cuestionó la capacidad económica de ambos compradores para afrontar una operación inmobiliaria de esa magnitud: según los registros incorporados al inicio de la causa, Pantano estaba inscrito como monotributista y registraba una deuda bancaria superior a $2.000.000, mientras que Conte es jubilada y durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

En ese marco, los denunciantes postularon que ambos habrían actuado como presuntos intermediarios de Toviggino, en tanto Claudio «Chiqui» Tapia —también imputado en las actuaciones— negó cualquier vínculo con el inmueble al declarar bajo juramento: «Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar».

Desde su radicación original, la causa atravesó un extenso recorrido por cuatro juzgados de primera instancia, tres cámaras de apelaciones y dos instancias de Casación antes de llegar a la Corte Suprema. En una primera etapa, Rafecas se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero penal económico, que rechazó el envío. Tras el regreso del expediente a Comodoro Py, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal asignó el caso al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10.

Posteriormente, a pedido de la defensa de Pantano y Conte, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó la competencia territorial sobre la base de que el inmueble se encuentra en Pilar. Ante la negativa del juzgado en lo penal económico —que sostuvo que el núcleo de la pesquisa radicaba en una presunta administración fraudulenta de la AFA en Buenos Aires—, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín falló a favor de Campana. La fiscalía apeló esa decisión y la Cámara Federal de Casación Penal envió el incidente a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, tribunal que ratificó la intervención del Juzgado en lo Penal Económico N° 10. Sin embargo, ante un nuevo recurso de las defensas, la Sala I de Casación resolvió por mayoría trasladar el caso a Campana por tratarse de un delito de competencia federal.

Frente a ese escenario, el 31 de agosto de 2026 el fiscal Mario Villar presentó el recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema revocara el traslado. En aquella presentación, Villar sostuvo que la investigación se estructuraba sobre actos financieros y societarios originados en financieras y domicilios porteños y advirtió: «Cuando los hechos presentan puntos de conexión con diversas jurisdicciones, corresponde identificar aquella que guarda una relación más directa con el núcleo de la actividad investigada y permite su conocimiento integral. En el caso, ese centro de gravedad se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Con la sentencia dictada este jueves, el máximo tribunal convalidó ese criterio y devolvió el expediente a Comodoro Py.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves 19 de noviembre de 2026 poner fin al conflicto de competencia en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la adquisición de una propiedad en Pilar y con la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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