La Justicia confirmó el rechazo a tres pedidos de querella en la causa contra el intendente de Cinco Saltos
La jueza rechazó las presentaciones de José Reinao y de dos integrantes del Tribunal de Cuentas, pero dejó abierta la posibilidad de la intervención del organismo de control si acredita la representación correspondiente.
La jueza de garantías María Agustina Bagniole confirmó la decisión del Ministerio Público Fiscal que rechazó la constitución como querellantes de José Reinao y de los vocales del Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos, Omar Torres y Gabriela Dergo, en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que involucra al intendente Enrique Rossi; al secretario de Obras, Julio Quiroga; al ex Secretario de Hacienda, Sebastián Crespo; y el proveedor, Julio Conejeros.
Sin embargo, la magistrada sostuvo que el Tribunal de Cuentas tiene legitimación para intervenir como querellante en una causa penal, siempre que acredite una decisión institucional válida.
La resolución fue comunicada durante una audiencia de revisión solicitada por la abogada Gabriela Prokopiw, quien cuestionó la decisión inicial del Ministerio Público Fiscal. Tras analizar los planteos, la magistrada resolvió ratificar la postura de la Fiscalía y negar la incorporación de los tres solicitantes como parte querellante.
En el caso de Reinao -quien denunció ser víctima del robo de identidad y a quien presuntamente le falsificaron su firma en la factura de proveedor de servicios- la jueza consideró que la situación planteada por la Fiscalía es incompatible con su participación como querellante. Durante la audiencia se explicó que, a partir de la documentación reunida durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal dispuso incorporarlo dentro de las personas alcanzadas por medidas investigativas.
Bagniole entendió que, en esas condiciones, corresponde resguardar sus derechos y garantías procesales, por lo que rechazó su pedido de intervenir en esa calidad.
El Tribunal de Cuentas tiene legitimación, pero faltó acreditar representación
El análisis respecto de los vocales Omar Torres y Gabriela Dergo fue diferente. La jueza señaló que el Tribunal de Cuentas posee, en principio, legitimación para intervenir en una causa vinculada con el control de fondos públicos, ya que esa función forma parte de sus atribuciones institucionales.
Sin embargo, aclaró que el eje de la discusión no estaba puesto en las atribuciones del organismo sino en la representación invocada por los vocales. «El problema acá no es la existencia de un interés institucional del órgano de control del Tribunal de Cuentas, sino quién comparece a ejercer esa representatividad», sostuvo durante la audiencia.
Según explicó, el reglamento interno establece que la representación externa corresponde a la presidencia del organismo. Por eso consideró necesario acreditar una decisión formal que habilitara a Torres y Dergo a actuar en nombre del cuerpo.
«Tiene que haber, y la hay en efecto, una forma de, aun frente a la posición reticente de la presidenta del Tribunal de Cuentas, obtener la representatividad los vocales del Tribunal de Cuentas y dejen entonces de estar presentados a título individual«, expresó Bagniole.
Como esa documentación no fue presentada, concluyó que los vocales comparecían en forma personal. «Yo entiendo que desde lo institucional los señores Dergo y Torres no están presentados como el órgano Tribunal de Cuentas, sino que lo están haciendo a título individual», señaló.
Sin embargo, durante la audiencia también dejó planteado que el Tribunal de Cuentas tiene legitimación para intervenir en la causa, por lo que una eventual presentación institucional del organismo podría volver a ser analizada si cumple con los requisitos exigidos.
Una investigación que ya incluyó allanamientos y ampliaciones de denuncia
La causa se originó a fines de 2025 a partir de una denuncia impulsada por Torres y Dergo contra el intendente Rossi y otros funcionarios municipales por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos realizados durante 2024 y 2025.
La presentación solicitó investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre las observaciones realizadas se mencionaron pagos por más de 98 millones de pesos vinculados a un proveedor municipal.
La investigación avanzó durante los primeros meses de este año e incluyó allanamientos en dependencias municipales, donde la Fiscalía secuestró documentación y dispositivos informáticos para su análisis.
Posteriormente, los vocales del Tribunal de Cuentas también denunciaron nuevas presuntas irregularidades relacionadas con proveedores municipales, contrataciones observadas y movimientos detectados en registros administrativos. El intendente Rossi rechazó esas acusaciones, aseguró haber entregado la información requerida por los organismos de control y sostuvo públicamente que existe un intento de utilizar políticamente la causa.
Al finalizar la audiencia de revisión, la abogada Gabriela Prokopiw dejó planteada la reserva de impugnación respecto de los tres pedidos rechazados, por lo que la discusión podría continuar en una instancia judicial superior.
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