Ordenan entregar a la Corte Suprema una Ferrari y una flota de vehículos del financista ligado a Chiqui Tapia
El juez federal Tomás Rodríguez Ponte ordenó nuevas medidas cautelares contra Ariel Vallejo en la causa por presunto lavado de activos y evasión. Además de la entrega provisoria de los rodados, se dispuso la inhabilitación para prestar servicios financieros, la inmovilización de cuentas bancarias y nuevos operativos.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso una batería de 41 medidas de prueba y cautelares en el marco de la causa que investiga los movimientos patrimoniales de Sur Finanzas, la empresa liderada por Ariel Vallejo. Según consignó la agencia Noticias Argentinas (NA), el magistrado le otorgó al empresario un plazo perentorio de tres días para poner a disposición del máximo tribunal de Justicia una extensa flota de vehículos de su propiedad, que incluye autos de alta gama, camionetas pesadas y motocicletas.
La decisión judicial recae sobre el financista que en el último tiempo construyó un fuerte perfil público al estrechar vínculos comerciales con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al posicionar a su firma como sponsor de diversas instituciones deportivas. Desde La Nación detallaron que la asignación de los bienes a la Corte Suprema es de carácter «provisorio» y tiene como objetivo que los rodados cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia o en organismos de seguridad. La medida se fundamenta en el artículo 23 del Código Penal, que faculta a los magistrados a asegurar instrumentos o efectos relacionados con los delitos investigados para garantizar la preservación de los bienes ante un eventual decomiso, así como para cubrir futuras penas pecuniarias o indemnizaciones civiles.
El expediente penal se inició en noviembre del año pasado tras una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La pesquisa apunta a determinar la legalidad, el origen y el cumplimiento tributario detrás de movimientos financieros multimillonarios: según informaron los medios citados, los investigadores tienen bajo la lupa el flujo de cerca de $818.000 millones que fueron operados a través de la billetera virtual del grupo, denominada Sur Finanzas PSP.
La Ferrari California y la presunta maniobra de ocultamiento
Uno de los ejes centrales de las cautelares gira en torno al parque automotor de Vallejo. Mientras NA reportó inicialmente una flota de 24 rodados, el desglose al que accedió La Nación enumera un total de 26 vehículos de primer nivel. El más destacado es la Ferrari modelo California Descapotable color negra que el empresario solía estacionar en la puerta de la casa central de su compañía.
Sobre este vehículo en particular pesa una grave sospecha. Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, al solicitar la indagatoria del financista, indicaron que Vallejo habría intentado deshacerse del auto deportivo cuando la causa penal empezó a cercarlo. “La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, argumentaron los fiscales.
De acuerdo a la nómina oficial publicada por el matutino, la Justicia ya logró secuestrar y tiene bajo su poder doce unidades: tres motocicletas (una Yamaha y dos Honda), tres automóviles Toyota, dos Audi, un Peugeot, un Jeep, un Alfa Romeo y la mencionada Ferrari.
En paralelo, se emitió la orden de secuestro para los catorce vehículos restantes que aún no fueron localizados: un camión Mercedes Benz Accelo 1016/39, dos camiones Mercedes Benz Atego, dos Toyota SW4 (una de ellas 4X4 SRX 2.8 TDI), un Audi Q2 35 TFSI Advanced, un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-Line, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un Citroën C3 1.6 VTI Exclusive, un Volkswagen Vento 2.0 TDI, un Volkswagen Vento 2.5, un BMW 320 I, y dos Peugeot 208 (versiones Feline y Like Pack).
Inhabilitación y bloqueo de fondos
El fallo judicial representó un duro revés para Vallejo, quien la semana pasada había reaparecido en sus redes sociales celebrando la reapertura al público de Sur Finanzas. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!”, había posteado el jueves.
Sin embargo, apenas unos días después de esa reapertura, Rodríguez Ponte dictaminó la prohibición expresa para que el titular de la firma preste servicios financieros. Según NA, la restricción fue comunicada inmediatamente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y abarca la inhabilitación para operar «por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza». Esta prohibición incluye también su inscripción, participación o integración —ya sea como socio, accionista, director, apoderado o empleado jerárquico— en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) o cualquier otra entidad similar.
Para blindar el plano económico, el juez también ordenó la inmovilización total de las cuentas bancarias, billeteras virtuales y fondos pertenecientes a Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP.
Operativos en los clubes y tasación de inmuebles
La ramificación de los negocios de Sur Finanzas en el fútbol argentino también motivó nuevas diligencias. De acuerdo con la información de La Nación, el magistrado ordenó este lunes una serie de operativos ejecutados por la Policía Federal en las sedes de San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes de Primera División que mantenían vínculos comerciales o de sponsoreo con la firma investigada.
Finalmente, NA detalló el resto del andamiaje probatorio solicitado por el juzgado federal. Rodríguez Ponte libró oficios a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y a ARCA. Además, pidió informes exhaustivos al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense sobre todos los bienes a nombre de las personas, clubes y sociedades investigadas. Como medida específica sobre la infraestructura de la empresa, el juez ordenó tasar la oficina central que Sur Finanzas poseía en la localidad de Adrogué, con el objetivo de contrastar el valor de intercambio que figura en la escritura de compraventa con la tasación real de mercado.
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