Patrimonio de Manuel Adorni en la mira: el Colegio de Escribanos afirma que las operaciones «se informan siempre» a la UIF
La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Madgalena Tato, fijó su postura ante la situación que surgió por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete. La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo en Argentina creado para analizar inteligencia financiera y regula a sujetos obligados
El patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue bajo la lupa. En medio de la polémica por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del funcionario libertario, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Madgalena Tato, remarcó que toda transacción realizada por personas políticamente expuesta, deben ser reportadas a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Tato afirmó que las declaraciones se deben realizar independientemente del monto y defendió los controles internos del notariado. «Si sos PEP, sí o sí tenes que informar a la UIF», reiteró.
La advertencia del Colegio de Escribanos
La titular del Colegio de Escribanos explicó que, ante la consulta por operaciones de funcionarios, la regla es clara. En este sentido remarcó que el procedimiento de informar a la UIF forma parte de reportes sistemáticos mensuales: «Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático«, sostuvo en una entrevista radial.
Tato diferenció el mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS) ya que este se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos, y señaló: «Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones«. De igual manera aclaró que, si la operación se concreta y hay interrogantes, el profesional debe reportarlo.
Respecto al caso que involucra a la escribana mencionada en la controversia pública, la titular del Colegio evitó pronunciarse sobre responsabilidades específicas, pero confirmó que la institución sigue el expediente. También explicó que el organismo actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida.
Asimismo Tato detalló que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes, sin distinción. «Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos», afirmó y mencionó que los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos y solicitan documentación adicional cuando lo consideran necesario.
La presidenta del Colegio también defendió el rol de control institucional frente a cuestionamientos surgidos tras la polémica y subrayó que la entidad puede iniciar expedientes disciplinarios e incluso promover destituciones. «Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia», aseguró.
Con NA
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