Estafa con planes sociales: aumentó el número de personas que serán acusadas
La audiencia de formulación de cargos está fijada para el martes 29 a las 8:30 de la mañana y la jueza designada es Estefanía Saulí. El fiscal será Pablo Vignaroli y habrá varios defensores, públicos y privados.
La dirección provincial de Planes Sociales fue uno de los lugares allanados durante la investigación. (Archivo)
Las personas que serán acusadas por su presunta participación en la estafa con planes sociales, utilizando tarjetas de débito del Banco Provincia de Neuquén, serán 20 y no 13 como se había informado en un principio. La audiencia está fijada para el próximo martes 29.
Hace 20 días, el fiscal jefe que conduce la unidad de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, informó en conferencia de prensa que la imputación sería contra «12 o 14 personas». Fuentes judiciales precisaron que eran 13. Pero en las últimas horas se supo que las y los involucrados son 20.
Ninguno pertenece ya al gobierno provincial. Los que eran empleados fueron desafectados, y quienes eran funcionarios dejaron el cargo. El de más alta jerarquía ocupaba la dirección de Planes Sociales, Ricardo Soiza, quien renunció «por problemas de salud». Ocupa un cargo en la Convención del Movimiento Popular Neuquino que encabezan Jorge Sapag y Ana Pechen.
Asociación ilícita y peculado
En aquella reunión con el periodismo, Vignaroli anticipó que acusará por asociación ilícita (contempla una pena de 3 a 10 años de prisión), pero también dijo que no tenía identificado al jefe de la misma.
En forma provisoria, el legajo 234319 está caratulado «peculado». Es un delito contra la administración pública que se concreta «cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo; o emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública». Tiene una pena de 2 a 10 años de prisión.
Los defensores
Según pudo averiguar Río Negro, 11 de los imputados, entre ellos Soiza, contará con la defensa del abogado particular Alfredo Cury. En tanto Hugo Armando Hernández se ocupará de dos, y Marcela Albornoz de uno. El resto serán asistidos por los defensores públicos jefes Fernando Diez, Raúl Caferra y Leandro Seisdedos.
La jueza de Garantías designada para la audiencia es Estefanía Saulí, actual presidenta del Colegio de Jueces de la capital.
Constará de dos partes: en la primera, el fiscal jefe Vignaroli presentará la acusación y enumerará las pruebas reunidas. Será la primera vez que se hagan públicos detalles de la investigación hasta ahora mantenidos en reserva.
Además pedirá un plazo de investigación. Lo más probable es que solicite que se declare causa compleja, lo cual le otorgará un año. Las defensas tendrán ocasión de contestar, y la jueza definirá si tiene por formulados los cargos o no y qué plazo de investigación concede.
En la segunda parte, Vignaroli informará si pide medidas de coerción. Está descartado que vaya a pedir alguna prisión preventiva o domiciliaria. A lo sumo solicitará que a los acusados se les prohíba acercarse a los testigos.
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