Por la crisis, la Defensa Pública de Río Negro «ataja» casi todas las causas penales de la provincia
Un informe del Procurador revela que 9 nueve de cada 10 procesos del fuero penal requieren de asesores públicos. El incrementó anual ronda el 30%.
La defensa pública de Río Negro amortiguó el impacto de la crisis económica en el servicio de justicia. Un informe del Ministerio Público revela que nueve de cada diez causas penales que ingresaron al Poder Judicial en 2023 recurrieron al Ministerio Público de la Defensa. El incremento en comparación con el año anterior rondó el 30%. El organismo también tuvo un importante caudal de trabajo en el área de Familia, el fuero más sensible de la justicia.
Sumarios a policías en Río Negro: el impacto adverso de las sanciones
La demanda del servicio gratuito no es el único indicador que muestra el derrame de la recesión en la región: los delitos contra la propiedad también crecieron exponencialmente. Los robos y hurtos lideraron el ranking el año pasado. El documento lo presentó el Procurador Jorge Crespo en la Legislatura provincial, la semana pasada.
El informe resignifica el masivo reclamo que se vivió en 2023 en Cipolletti y alrededores por la ola de robos que puso en jaque al sistema de Seguridad provincial. Los comercios cipoleños empalaron sus vidrieras por la inseguridad que se vivió prácticamente todo el año, pero que tuvo dos o tres focos muy marcados.
“Durante el año 2023 se crearon 9.436 legajos por “robos” , un 17,03 % más que el año anterior. La mayor cantidad de robos se registraron en la Segunda Circunscripción judicial, (Roca) pero en relación a la población, la Cuarta Circunscripción (Cipolletti) judicial encabeza este tipo de delito superando el valor provincial”, sostiene el documento.
Pero no fue solo la crisis lo que desencadenó un escenario de alta actividad delictiva, también la falta de recursos de la policía rionegrina. En Cipolletti se vivieron robos inéditos como el atraco a una joyería céntrica a plena luz del día. Un robo comando sin precedentes que se repitió, pero en horarios nocturnos.
La policía de Río Negro vivió en 2023 uno de los calendarios más conflictivos por un reclamo salarial que desencadenó en más de 550 sumarios. La demanda era principalmente salarial, pero también de infraestructura. En muchas unidades policiales no tenían vehículos para patrullar.
El año pasado también se conoció que un grupo de vecinos hizo una colecta para pagar el arreglo de un patrullero. Hoy muchos parajes no cuentan con equipamiento mínimo para prestar el servicio de seguridad.
Más de 40 mil legajos
El año pasado el Ministerio Público Fiscal gestionó 40.842 legajos penales nuevos, un 11% más que lo que había ingresado el año anterior. Cada una de las unidades recibió un promedio anual de 413 causas.
La crisis económica también incrementa la demanda de asistencia legal gratuita. Las defensorías públicas reportan un aumento del 30% en la cantidad de casos atendidos en comparación con el año anterior, y en algunas regiones la demanda crece hasta un 50%.
Las Defensorías, en el marco de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, realizaron más de 6,300 audiencias en 2023. Según detalló Crespo, se alcanzaron acuerdos en la mitad de los casos. Hace un tiempo que la justicia de Río Negro puso foco en buscar soluciones alternativas al conflicto. La mediación es obligatoria, aunque el acuerdo necesita consenso. Esta política, hasta el momento efectiva, ayuda a descomprimir la demanda judicial.
El balance del Procurador
El informe tiene un extenso análisis del procurador Jorge Crespo quien destacó los “avances significativos” del sistema en la “consolidación de la gestión, enfocados en el fortalecimiento de objetivos mediante una revisión crítica constante de las tareas”.
Subrayó mejoras en la coordinación institucional, tanto internamente entre la Magistratura y la Procuración General, como externamente con otros organismos estatales y no gubernamentales.
Enfatizó que en el ámbito de informatización, se finalizó y operativizó una aplicación para garantizar la digitalización segura de información en las investigaciones criminales.
Mencionó la importancia de preparar al Ministerio Público para asumir nuevas funciones relacionadas con la delegación de investigaciones federales a las provincias, como el combate al narcomenudeo y la agilidad en causas de corrupción. Además destacó el sistema de conciliación que logró resolver un gran porcentaje de causas antes de llegar a juicio.
El 60% de las causas son delitos contra la propiedad
Delitos contra la propiedad (59,72% del total): Incluyen robos, hurtos y daños a la propiedad. El año pasado hubo un notable incremento en robos calificados, especialmente en áreas urbanas y suburbanas. Se sumaron más de 3,500 causas.
Delitos contra la libertad (12,96%): Los delitos contra la libertad incluyen privación ilegitima de la libertad, detenciones ilegales, velación de secretos, atentados contra la libertad de asociación, de reunión y contra la libertad de prensa
Delitos contra las personas (10,28%): En la categoría delitos contra las personas se encuentran todos los tipos de homicidios (culposos, dolosos, con agravantes y atenuantes), las lesiones, el abuso de armas y el abandono de personas. En este apartado casi no hubo diferencia en los últimos dos años.
Delitos contra la administración pública (8,10%). La categoría de delitos contra la administración pública incluye el atentado y resistencia a la autoridad, la falsa denuncia, el falso testimonio, el encubrimiento y la desobediencia a una orden judicial que, entre otros legajos, se aplica ante el incumplimiento de medidas cautelares en violencia de género. Los delitos contra la libertad incluyen, entre otros, la privación ilegítima.
Delitos contra la integridad sexual (3,18%): Contemplan los abusos con o sin acceso carnal, la corrupción de menores, la facilitación a la prostitución y las exhibiciones obscenas. Hubo una disminución mínima de este delito el año pasado en comparación con 2023: 25 causas menos.
Comentarios