Por qué la Justicia Federal rechazó la causa por Kevin Hernández y qué puede pasar ahora con la investigación
A más de cuatro meses de la desaparición de Kevin Hernández en Lamarque, el juez federal Hugo Greca rechazó la competencia del caso. Pese a las sospechas de narcocriminalidad que alertó la querella, no hallaron vínculos directos con el hecho.
En una resolución que profundiza la incertidumbre sobre el paradero de Kevin Hernández, el juez federal de Roca, Hugo Greca, resolvió rechazar la competencia material en la causa por la desaparición del joven de 26 años. De esta manera, el magistrado declinó la pretensión del fuero provincial de elevar el expediente a la órbita nacional, fundamentando que no existen pruebas que vinculen de manera directa el hecho con delitos de narcocriminalidad organizada.
La decisión judicial se produce al cumplirse exactamente 127 días desde aquel 22 de febrero de 2026, cuando Hernández fue visto por última vez caminando por las calles de Lamarque. Lo que comenzó como una averiguación de paradero mutó en un laberinto procesal que ahora se debate entre el posible rechazo definitivo del fuero federal y las duras denuncias de la querella sobre encubrimiento policial.
El rechazo del fuero federal y la falta de «nexo causal»
Durante las audiencias realizadas en Roca, el fiscal federal Matías Zanona fue el encargado de solicitar que se rechace la atribución de competencia postulada por la justicia provincial. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la desaparición de Kevin no presenta, por el momento, las circunstancias que habiliten la intervención del fuero de excepción. «Esta fiscalía no encontró ningún contexto de tráfico de estupefaciente, fraccionamiento ni nada asociado a todo el caso», sentenció Zanona con contundencia.
El magistrado Hugo Greca respaldó esta postura al recordar que la competencia federal es «limitada y de excepción». En sus fundamentos, el juez explicó que, para que un homicidio o una desaparición sea investigada desde la óptica de la narcocriminalidad, debe existir un «nexo causal directo» que en este legajo no se ha podido acreditar. «No se liga esta circunstancia de la desaparición de Kevin Hernández con la narcocriminalidad que justificaría la competencia federal», sostuvo Greca antes de invitar al juez de Garantías de Choele Choel a que, si no está de acuerdo con su rechazo, lo eleve para que se dirima ante la Corte Suprema.
127 días de silencio y una investigación estancada
La historicidad del caso marca un derrotero de frustraciones para la familia Hernández. Kevin había llegado a Lamarque desde Viedma apenas días antes de desaparecer. Aquel domingo a las 21:30 salió de su casa en la calle Malvinas y, desde entonces, el Valle Medio ha sido escenario de un despliegue sin precedentes: más de 150 entrevistas, 16 allanamientos y rastrillajes con tecnología de punta.
A pesar de la magnitud de las diligencias, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, rastrillajes terrestres con canes y peritajes sobre tres vehículos secuestrados, el resultado sigue siendo negativo. La fiscalía provincial había fundamentado el pase a la justicia federal basándose en cinco allanamientos donde se hallaron estupefacientes -varios de ellos en el fuero de intimidad-, destacando especialmente un procedimiento en un islote del río Negro donde se encontró una plantación de marihuana custodiada por armas caseras o «tumberas». Sin embargo, para la justicia federal, esos hallazgos son situaciones aisladas de consumo o cultivo que no prueban una conexión con el destino de Kevin.
La querella insiste en la desaparición forzada
Desde la otra vereda, el abogado querellante Leandro Aparicio, quien representa a la familia junto a Sergio Heredia, reafirmó su postura de que el caso debe ser investigado bajo la figura de desaparición forzada. Para la querella, la falta de avances obedece a una supuesta connivencia entre la policía rionegrina y redes de narcomenudeo locales. «En cuanto a la desaparición de Kevin Hernández, si bien su homicidio no tuvo nada que ver con la policía, su encubrimiento y su no investigación sí lo hay en relación de la connivencia de la policía de Río Negro», denunció Aparicio durante su alocución.
La querella sostiene que Kevin fue asesinado tras una discusión vinculada al consumo y que el cuerpo fue trasladado por personas ya identificadas en un vehículo que no habría sido peritado a tiempo. En este sentido, Aparicio fue crítico con el Poder Judicial provincial, asegurando que «no está investigando y no quiere investigar», lo que a su juicio habilita la intervención de una fuerza federal.
El futuro: un posible conflicto ante la Corte Suprema
Con la negativa del juez Greca, la causa entra en una etapa de definición institucional. Si el juez provincial Roberto Gaviña Sánchez insiste en que la causa es federal, se trabará formalmente un conflicto de competencia negativo. En ese escenario, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de dirimir qué fuero deberá hacerse cargo de la búsqueda.
Mientras las autoridades judiciales definen jurisdicciones, María Ayala, madre del joven y Luz Núñez, pareja de Kevin y madre de su hija, mantienen el reclamo activo. Para la familia, el paso del tiempo es el mayor enemigo de la verdad en una comunidad que ya convive con la sombra de otros casos impunes en el Valle Medio. El legajo continúa acumulando fojas pero, a más de cuatro meses del hecho, sigue sin arrojar certezas sobre dónde está Kevin Hernández.
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