Procesaron a cuatro funcionarios de Nación por haber apelado tarde el fallo que le entregó tierras a una comunidad mapuche

La sentencia que la entonces jueza federal de primera instancia María Silvina Domínguez dictó el 2 de febrero del 2022, cuando admitió una acción de amparo presentada por la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue y ordenó al Ejecutivo nacional a transferirle unas 180 hectáreas ubicadas en las afueras de Bariloche, generó una tormenta política y judicial que todavía no se calma.

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Por el contrario, los jueces de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Oscar Bruglia procesaron a los abogados del Ministerio de Defensa del gobierno nacional, Silvia Vázquez y Luis Nicolás Vaccarezza, al director de Asuntos Judiciales de ese organismo, Leonardo Gastón Martín Havela y al director General de Asuntos Jurídicos, Agustín Gasparini, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los jueces admitieron el recurso de apelación que había presentado el fiscal federal Carlos Stornelli Ministerio Público Fiscal y revocaron la falta de mérito que el juez federal de primera instancia Daniel Rafecas les había otorgado a los cuatro funcionarios imputados. En consecuencia, la fiscalía federal seguirá adelante con la investigación que los incrimina. La sentencia la dictaron este jueves.

Cuando trascendió la sentencia de Domínguez (hoy ya jubilada) se generó un revuelo en Bariloche y en la Ciudad de Buenos Aires. Más aún, cuando tomó estado público que las apelaciones de los abogados del Ministerio de Defensa y del Ejército contra ese fallo habían sido rechazadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, porque fueron presentadas cuando habían vencido los plazos legales.

Por eso, un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio denunciaron a los funcionarios del Ministerio de Defensa por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato. La denuncia cayó en el juzgado federal de Comodoro PY, a cargo de Rafecas.

El fiscal Stornelli impulsó que se investigaran los hechos denunciados y pidió a Rafecas citar a indagatoria a los imputados. También, solicitó como medida cautelar suspender el proceso de cesión de las tierras en litigio a la comunidad.

A finales de noviembre del año pasado, Rafecas desestimó la denuncia porque consideró que no hubo una maniobra intencional para dejar vencer los plazos procesales para presentar la apelación ante la Cámara de Roca. También rechazó la medida cautelar solicitada.

Stornelli impugnó esa decisión. Y la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con la misma integración, revocó la resolución de Rafecas, quien había denegado la medida cautelar para suspender la entrega de unas 180 hectáreas a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue de Bariloche.

El litigio llegó a la Corte Suprema que a finales de marzo pasado suspendió en un falo unánime el proceso de cesión de las tierras a la comunidad, tras admitir la queja que habían presentado la fiscal general interina María Claudia Frezzini, y los abogados del Ejército.

Este jueves, los jueces de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal recordaron que la fiscalía imputó a Vaccarezza por haber transmitido a la abogada Vazquez los días 3 y 4 de febrero de 2022, a través del Sistema “Sigej”, la orden, indicación o instrucción informal de “no apelar” la sentencia que había dictado pocas horas antes la jueza Domínguez, que subrogaba en ese momento el juzgado federal de Bariloche.

Con esa conducta, según la acusación fiscal, Vaccarezza contribuyó a perjudicar los intereses que el Ministerio de Defensa le confiara a Vázquez, en ese expediente.

A Martín Havela se le atribuyó haber tomado parte, en su carácter de director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa, de la presunta decisión e instrucción informal -comunicada el 3 de febrero de 2022 por Vacarezza a Vazquez a través del Sistema SIGEJ- de no recurrir la resolución de Domínguez, “contribuyendo de esa forma a perjudicar los intereses públicos confiados y que el Ministerio de Defensa…”

A su vez, se lo implicó por haber emitido una nota por medio de la cual se puso en conocimiento del Ejército Argentino la sentencia de Domínguez la tarde del 4 defebrero de 2022.

La fiscalía sospecha que se trató de “una acción tendiente a que dicha Fuerza no pudiera ejercer en tiempo y forma la defensa de los intereses que le eran propios y que hasta el momento eran representados en el pleito por el Ministerio de Defensa”.

A Gasparini se lo imputó por haber tomado parte, en su carácter de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, de la presunta decisión e instrucción informal -comunicada el 3 de febrero de 2022 por Vaccarezza a Vázquez a través del Sistema SIGEJ- de no recurrir la resolución de la jueza de Bariloche. De esa forma, también contribuyó a perjudicar los intereses públicos confiados y que el Ministerio de Defensa, a través de la letrada Vázquez, que defendía al organismo en esa causa.

Mientras que a Vázquez se le imputó haber incumplido, en su carácter de letrada representante del Ministerio de Defensa de la Nación en el expediente “Comunidad Mapuche Millalonco–Ranquehue c/ Poder Ejecutivo Nacional– Ministerio de Defensa y otros s/ Amparo Ley 18.986”, sus obligaciones como integrante del Cuerpo de Abogados del Estado. La acusaron de consentir, desde dicha representación, la sentencia dictada el 2 de febrero del 2022 en ese expediente.

También se le atribuyó, puntualmente, el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 67, in fine de la Ley 24.946, que impone a tales letrados el deber, a falta de instrucciones formales, de desempeñar su cometido en la forma que mejor contemple los intereses del Estado Nacional confiados a su custodia.

“Dicho incumplimiento se habría materializado, puesto que la letrada habría acatado la presunta instrucción informal de no recurrir la resolución dictada el 2 de febrero del 2022 -instrucción comunicada el 3 de febrero de 2022 por su colega Vaccarezza. a través del Sistema SIGEJ-, siendo que tal directiva carecía de las formalidades previstas en el Decreto 411/1980, artículo 8, último párrafo, que exige, para decisiones de esa naturaleza, la existencia de una “autorización expresa” que habilitara, en su caso, a no recurrir la decisión señalada”, sostiene la fiscalía.

El fiscal Stornelli entendió que la prueba colectada logró demostrar la hipótesis acusatoria planteada y que las versiones brindadas por las personas implicadas no alcanzaban a desvirtuarla. En consecuencia, requirió que se dicte el procesamiento de los cuatro acusados por incumplimiento de los deberes de funcvionario público.

Los jueces advirtieron en la sentencia a la que Diario RÍO NEGRO accedió que de lo expuesto, “se aprecia una maniobra -en principio- concretada por funcionarios públicos del Ministerio de Defensa de la Nación, que dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino en el expediente” que se tramitaba en el Juzgado Federal de Bariloche. Señalaron que el Ejército “resultó ser el directo perjudicado en la acción de amparo”.

También, observaron “la suspicacia que despierta que quedara como único demandado un Instituto (por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) cuya función era tuitiva de los derechos del accionante, casi una ficción de contienda. De ahí se deprendería la respuesta a que no haya tampoco apelado”.

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“Por lo expuesto, entendemos que -en razón de los cargos que ostentaban al momento de los hechos-” los imputados deben ser procesados en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autores», resolvieron los jueces.